Abdiel González, el abogado que el 21 de enero de 2022 denunció al contralor Gerardo Solís por la presunta omisión de sus funciones como servidor público, se presentó este viernes 13 de agosto a la sede de la entidad para conocer el estatus de la investigación.
Según González, Solís incumplió con su labor de fiscalizar los gastos de movilización que se asignaron el alcalde de Arraiján Rolling Rodríguez y los ocho ediles de ese distrito. Pidió revisar particularmente el uso de un millón de dólares durante los años 2020 y 2021.
En el Ministerio Público, según González, le informaron que no le podían mostrar la carpetilla porque está “en reserva”. No obstante, le dijeron que el proceso sigue activo.
González reiteró su posición de que Solís debió ser separado del cargo.
La Ley 32 de 8 de noviembre de 1984 (ley orgánica de la Contraloría), en su artículo 55, plantea, entre las funciones del contralor, que podrá ordenar investigaciones encaminadas a determinar si la gestión de manejo de fondos y demás bienes públicos se ha realizado de manera correcta y de acuerdo con las normas establecidas.
En marzo pasado, Solís eliminó los gastos de movilización y, en su lugar, le indicó a los gobiernos locales que podían usar la partida de “imprevistos”.
Después de la decisión de Solís, los concejales de Arraiján modificaron el presupuesto de este año (que tiene un monto de $26.6 millones) para asignarse un aumento de 2 mil 100 dólares en gastos de representación.
Ante las críticas y el pedido de renuncia de su cargo, el contralor Solís ha dicho que está haciendo su trabajo y que sus críticos quieren dañar su imagen.
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