Sergio Chello Gálvez y Vidal García, diputados del partido Cambio Democrático en la Asamblea Nacional, presuntamente gestionaron de forma irregular la compra de granos de arroz a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN).
Así consta en dos fallos aprobados por el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 17 de septiembre pasado, por medio de los cuales se admitió investigar a ambos diputados por separado.
En el caso de García, la empresaria Mara del Carmen Vergara –de Suplidora Edimar, S.A.– declaró que ella gestionaba directamente con el diputado para obtener los contratos en el PAN, y que le vendió empaques de arroz de 20 libras marca Arrossisimo.
Vergara aseguró que en todos los contratos gestionados con diputados, se le daba a estos un porcentaje del dinero cobrado.
En el caso de Gálvez, se le investigará por supuestamente haber solicitado de forma directa la compra de sacos de arroz para su circuito a través de tres contratos con Constructora Botsa, S.A.
Así lo declaró el propio exdirector del PAN Rafael Guardia Jaén, quien precisó que existen las tres notas firmadas por Gálvez pidiendo la compra de arroz.
El magistrado José Ayú Prado será el fiscal en ambos procesos que se regirán bajo las reglas del sistema penal acusatorio.
LAS POLÉMICAS COMPRAS DE ARROZ
En dos expedientes por separado, los diputados del partido Cambio Democrático (CD) Vidal García y Sergio Chello Gálvez serán investigados por la Corte Suprema de Justicia, tras ser señalados de haber gestionado la compra de bolsas de arroz a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN).Aunque en ambos casos se trata de la compra de arroz en el PAN, las acusaciones contra Gálvez y García son diferentes.
Los procesos se iniciaron a partir de que la Fiscalía Primera Anticorrupción enviara a la Corte Suprema de Justicia el 4 de marzo pasado copias de los expedientes, para que decidiese si investigaba a los dos diputados.
Esto último, luego de que varios acusados en los procesos por supuestas anomalías en los contratos para la compra de granos a través del PAN hiciesen señalamientos contra ambos diputados de CD, que por su condición deben ser investigados y juzgados por la Corte.
En reunión del pleno el pasado 17 de septiembre, la Corte decidió admitir los dos procesos e investigar por separado a Gálvez y a García.Ese mismo día, el pleno admitió, aunque en otro expediente, una investigación contra el expresidente Ricardo Martinelli por supuestamente dar las órdenes para contratar a los proveedores que venderían el arroz y las menestras al PAN.
LÍNEA DIRECTA
La empresaria Mara del Carmen Vergara, quien a través de su compañía Suplidora Edimar vendió arroz al PAN, aseguró que para obtener contratos en esa entidad trabajaba directamente con el diputado García.
En su declaración indagatoria, rendida ante la Fiscalía el 17 de diciembre de 2014, Vergara dijo que le vendió empaques de arroz de 20 libras marca Arrossisimo al diputado García.
Esta declaración fue tomada como prueba idónea por la Corte para admitir la investigación a García por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública y contra el patrimonio económico.
Según el fallo, Vergara explicó en su indagatoria que ella acudía al departamento de compras del PAN y, si había, cotizaba las contrataciones de los diputados, entregaba la mercancía y posteriormente cobraba los cheques.
Además, Vergara declaró a la fiscalía: “cuando me entregaban el cheque, ya a la semana, una persona enviada por el diputado me
llamaba y me decía que al diputado se le tenía que dar algo. Era como un porcentaje de 10% a 15%”.
TRES CONTRATOS
La empresa Constructora Botsa, S.A. obtuvo tres contratos para el suministro de sacos de arroz en el circuito 8-7, por solicitud del diputado Chello Gálvez. Así lo confirmó el exdirector del Programa de Ayuda Nacional Rafael Guardia Jaén al rendir declaración indagatoria ante la Fiscalía Primera Anticorrupción como parte de este proceso penal.
Guardia Jaén precisó que existen tres órdenes de compra a favor de Constructora Botsa, S.A. y tres notas firmadas por el diputado, pidiendo los sacos de arroz para distribuirlos entre las familias de su circuito electoral.
La Corte consideró que todo lo anterior constituye prueba idónea para admitir la investigación a Gálvez por los mismos delitos que se le endilgan a su colega García.
El fallo que involucra a Gálvez indica que dos testigos protegidos –denominados “Lealtad” y “Milagros”– aseguraron que había un grupo de empresas que siempre ganaba los contratos en el PAN y una de ellas era Constructora Botsa, S.A.
Para admitir ambos casos, el pleno de la Corte valoró lo dicho por Guardia Jaén de que obtenía beneficios del 10% en los contratos dados a Constructora Botsa, S.A. y a la empresaria Vergara, siempre que fuesen autorizadas por la dirección ejecutiva, pues si eran solicitadas por diputados no obtenía ningún porcentaje.
El pleno concluyó que los señalamientos directos contra los diputados García y Gálvez ameritan la admisión de los casos, con el propósito de “determinar las circunstancias favorables o desfavorables que conduzcan a la vinculación o desvinculación con tal hecho”.
El magistrado Ayú Prado será el fiscal encargado de las investigaciones contra Gálvez y García.
Mientras que como jueces de garantías fueron designados los magistrados Harry Díaz –en el caso del diputado García– y Jerónimo Mejía –en el caso de Gálvez–.
La investigación estará suspendida hasta que el Tribunal Electoral (TE) decida si levanta el fuero a los diputados.
