Un nuevo recurso legal provocó la suspensión por segunda ocasión de la audiencia preliminar a los exministros de Obras Públicas Federico Suárez y Jaime Ford y otras nueve personas por la presunta comisión del delito de peculado en el proyecto de diseño y construcción de la autopista Arraiján-La Chorrera.
Ese proyecto carretero tenía un costo de 161.8 millones de dólares y fue asignado a la empresa TransCaribe Trading, S. A. (TCT).
La presentación de un recurso de casación ante el Segundo Tribunal de Justicia contra una decisión del Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales de no acoger un recurso de nulidad del proceso obligó la suspensión de la audiencia preliminar.
Esa audiencia fue suspendida por primera vez el pasado 20 de julio, pero la presentación de recursos legales por parte de dos abogados defensores impidió que se efectuara.
En octubre de 2018 la Fiscalía Anticorrupción de Descarga remitió al Órgano Judicial la vista fiscal en la que pidió juicio para 11 personas, entre las se encuentran Suárez, Ford y los directivos de TCT David y Daniel Ochy.
También se pidió llamar a juicio a seis exservidores públicos, entre ellos dos exfuncionarios del Ministerio de Obras Públicas, encargados de supervisar la ampliación, cuatro fiscalizadores de la Contraloría General de la República, entre otros.
Según la investigación, la empresa TCT presuntamente entregó fondos provenientes de los pagos del Estado para la autopista a empresas privadas, como New Business (investigada por blanqueo de capitales), a diputados de la Asamblea Nacional, sociedades anónimas, personas naturales y servidores públicos.
El juzgado se encuentra a la espera que el Segundo Tribunal resuelve el recurso para fijar una nueva fecha de audiencia preliminar.
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