Ante la justicia internacional no descarta acudir la familia del desaparecido dirigente político Heliodoro Portugal, luego de la sentencia dictada el pasado miércoles por un jurado de conciencia, que declaró inocentes a cuatro militares retirados acusados por el caso.
Así lo advirtió ayer el abogado Arturo Sauri, quien en el proceso representó como querellante a Patricia Portugal, hija de la víctima.
Para Sauri, el fallo es incomprensible porque, a pesar de que se presentó una relación de modo, tiempo y lugar que vinculaba a lo militares Lucinio Miranda, Pedro del Cid, Gabriel Correa y Pablo Garrido con la desaparición y muerte de Portugal, el jurado desestimó estas evidencias y los liberó de responsabilidad.
Dicha relación fue expuesta, entre otras pruebas, gracias al testimonio de Nelson Barría, quien afirmó haber visto cuando miembros del G-2 de la Guardia Nacional detuvieron a Portugal el 14 de mayo de 1970.
Otro testigo –cuyo nombre no fue revelado– dijo haber coincidido con Portugal en una casa en Miraflores, Betania, en la que opositores al régimen militar eran sometidos a torturas y la cual estaba a cargo de Pablo Garrido y Lucinio Miranda.
Según Sauri, un tercer testigo también dio declaraciones que vincularon a Pedro del Cid y Gabriel Correa con los hechos.
El abogado criticó, además, la decisión el Ministerio Público de solo incluir en la acusación el delito de homicidio, no así el de desaparición forzada.
Por su parte, Patria Portugal consideró que en la decisión influyó que la investigación se prolongó durante mucho tiempo y que, por tanto, los miembros del jurado carecían del contexto histórico en que sucedieron los hechos. Asimismo, destacó que siempre hubo presiones para que no se divulgaran ni investigaran las desapariciones forzadas.
En julio de 2019, a instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Comité de Familiares de Desaparecidos Héctor Gallego (Cofadepa HG) llegó a un acuerdo con el Estado para el reconocimiento y pago de compensaciones a los parientes de personas desaparecidas durante la dictadura militar, pero a la fecha dichas compensaciones no se han hecho efectivas.
