El plazo para investigar al expresidente Ricardo Martinelli no ha prescrito aún, como alegó su defensa en la audiencia de control de garantías, realizada hoy en la Corte Suprema de Justicia.
En dicho acto -en el que el exgobernante no estuvo presente-, el magistrado Jerónimo Mejía –que actúa como juez de garantías- remarcó que la investigación inició el 4 de mayo pasado, luego que el Tribunal Electoral comunicara sobre el levantamiento del fuero electoral penal del que gozaba Martinelli, por su condición de presidente y representante legal del partido Cambio Democrático (CD). Por tanto, no han transcurrido los dos meses que dicta la Ley 55 de 2012 ("Ley Blindaje") como plazo para concluir la investigación.
Según el equipo legal de Martinelli, el plazo de dos meses debía contarse a partir del 23 de marzo pasado, cuando se desfijó un edicto referente al proceso.
Mejía también advirtió que el director del Programa de Ayuda Nacional (PAN), Rafael Stanziola, y el contralor general de la República, Federico Humbert, están obligados a entregar toda la información pública sobre el contrato a Lerkshore –empresa proveedora de los alimentos deshidratados-, salvo en aquellos casos en que dicha información “goce de reserva de confidencialidad”.
El abogado de Martinelli, Dimas Guevara, se quejó en la audiencia que el magistrado Oydén Ortega –investido como fiscal del proceso- conduce diligencias sin notificar a la defensa. Ortega alega que notifica únicamente aquellas diligencias a las que está obligado, por ley.
“La fiscalía tiene razón… No se podía dar notificación de todas y cada una de las diligencias que deben realizarse, porque no se puede hacer de cada una de éstas una suerte de mini juicio”, señaló Mejía.
Guevara también invocó que su cliente goza de "inmunidades y privilegios" como diputado del Parlamento Centroamericano, cargo al que fue juramentado el 1 de julio de 2014, el mismo día que acabó su presidencia y tomó posesión su sucesor, Juan Carlos Varela.
Mejía advirtió, enfáticamente, que las reformas constitucionales de 2004 eliminaron el concepto de inmunidad. Adicional, consta una certificación del guatemalteco Marco Vinicio Herrera, secretario de la junta directiva del Parlacen, que el 21 de enero pasado respondió una nota de la Corte, en la que hizo consta que Martinelli goza de las mismas inmunidades y privilegios que los diputados de la Asamblea Nacional de Panamá. La única prerrogativa de los diputados nacionales -sean principales o suplentes- es que los investiga la Corte, bajo las limitaciones contempladas en la Ley 55 de 2012.
Sobre las tres advertencias de nulidad que sustentó Guevara, Mejía dijo que éstas serán “canalizadas en su momento”.
Mañana se realizará otra audiencia, ésta vez a solicitud del fiscal Ortega. Es la tercera audiencia que se celebra como parte de este proceso. La primera fue el 11 de abril pasado.
Martinelli es investigado luego que el exdirector del PAN, Giacomo Tamburrelli, declarara que firmó el contrato con Lerkshore, por orden de Martinelli. A la empresa se le adquirieron alimentos deshidratados por casi $60 millones, para repartir en los colegios oficiales.
Por este caso, la Fiscalía Segunda Anticorrupción pidió llamamiento a juicio para nueve personas: Tamburrelli; la excontralora Gioconda Torres de Bianchini; el exsecretario privado de Martinelli, Adolfo "Chichi" De Obarrio; los exministros Lucy Molinar (Educación) y Federico Suárez (Obras Públicas); las exviceministras María Fábrega (Presidencia) y Marta de Varela (Desarrollo Social); el exjefe de Nutrición del PAN, Ángel Famiglietti, y el empresario Rubén De Ycaza, de Lerkshore. Todos tienen medida cautelar, ya sea de casa por cárcel o impedimento de salida del país.
