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Primer Tribunal ordena a Benicio Robinson pagar $371 mil a Sidney Sittón

Primer Tribunal ordena a Benicio Robinson pagar $371 mil a Sidney Sittón
El Primer Tribunal de Justicia revocó un fallo del Juzgado Séptimo Civil y ordenó al diputado del PRD Benicio Robinson a pagar $371 mil a abogado Sidney Sitton dentro de una demanda civil por delitos contra el honor.

El diputado y presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, deberá pagar $371 mil en costas al abogado Sidney Sittón.

+info

Juzgado admite denuncia presentada por Benicio Robinson contra Sidney Sittón

Así lo dispuso el Primer Tribunal Superior de Justicia, luego de que Robinson perdiera una demanda civil de calumnia e injuria interpuesta contra Sittón.

Se escribe así el (hasta ahora) último capítulo en este enfrentamiento que se inició el 9 de junio de 2015, cuando el Juzgado Séptimo Civil admitió una demanda en la que Robinson reclama un pago de $5 millones a Sittón, luego que el abogado realizara una serie de declaraciones en las que acusó al diputado perredista y el entonces presidente de la Asamblea Nacional (AN), José Luis Popi Varela, de haber recibido $1 millón a cambio de gestionar pagos del Estado a favor de la empresa Cobranzas del Istmo, S.A. (CISA).

El juzgado falló a favor de Robinson, pero esa decisión fue apelada y es por eso que el caso llegó al Primer Tribunal Superior, el cual, finalmente, el 20 de octubre pasado, revocó la decisión del juzgado y condenó a Robinson a pagar los costos legales incurridos por Sittón, como parte de su defensa.

El fallo fue avalado por las magistradas Melina Robinson y Lilianne Ducruet. El magistrado Carlos Pizarro salvó su voto.

Primer Tribunal ordena a Benicio Robinson pagar $371 mil a Sidney Sittón
José Luis Varela (Izq). y Sidney Sittón. Archivo

Por las declaraciones de Sittón, Popi Varela también lo demandó. En su caso, el Juzgado Duodécimo Civil condenó a Sittón a pagarle a pagar $50 mil y otros $11 mil en concepto de costas.

A CISA se le había concedido un contrato para recuperar impuestos morosos al Estado entre 2010-2014, pero ese contrato se suspendió.



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