Los ministros de Obras Públicas y de Vivienda, Ramón Arosemena y Mario Etchelecu, respectivamente, y el presidente de la sociedad Metro de Panamá, S.A., Roberto Roy, deben “obligatoriamente” constituirse en parte querellante en los procesos judiciales que adelanta el Ministerio Público a la constructora brasileña Odebrecht.
Así lo advirtió el procurador general de la Administración, Rigoberto González, en notas enviadas a Arosemena, Etchelecu y Roy, el pasado martes 17 de enero.
González precisó a los funcionarios que este paso es necesario para poder reclamar la indemnización correspondiente, “si se comprueba la existencia de delito y no se ha logrado el resarcimiento económico”, conforme dicta el artículo 1971 del Código Penal, en relación a los delitos contra la administración pública.
El mismo artículo resalta que con la apertura de la instrucción sumarial se debe siempre comunicar al representante legal de la entidad contratante, “con el propósito que colabore en la investigación”.
Odebrecht es el mayor contratista del Estado panameño, con proyectos que totalizan poco más de $9,000 millones.
Actualmente, mantiene con Metro de Panamá, S.A. el contrato para la construcción de la segunda línea, y con el Miviot, el proyecto de renovación urbana de Colón. También es el contratista de la ampliación de la carretera Santiago-David, adjudicada por el MOP.
El 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia estadounidense divulgó documentos en los que Odebrecht admite haber pagado $59 millones en sobornos a funcionarios panameños entre los años 2009-2014, a cambio de contratos de infraestructura pública.
La semana pasada, la procurada de la Nación, Kenia Porcell, informó que se había llegado a un compromiso “verbal y formal” para que Odebrecht entregara $59 millones.
