El procurador de la Administración, Rigoberto González, le solicitó al administrador de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), José Gabriel Montenegro, explique el proceso de compraventa de tierras estatales.
La solicitud del procurador González se da luego de una carta recibida por parte del abogado Ernesto Cedeño, quien pidió se investigará la posible adquisición de terrenos del Estado de manera irregular y a precios irrisorios.
En la petición se pide examinar la conducta oficial de los funcionarios de la Anati, ya que al parecer no se estaban estableciendo los controles adecuados para la preservación, custodia y posterior titulación de tierras.
El procurador comunica que, en atención a lo presentado en la solicitud de Cedeño y a fin de conocer si es cierta o correcta la información, se le pide al titular de la Anati responder dos preguntas en un término no mayor de cinco días hábiles.
González pregunta “si es veraz la información divulgada en medios de comunicación en relación de compraventa de terrenos propiedad del Estado panameño”.
De ser cierta la información, pide que se indique qué criterios y controles se siguieron para efectuar los trámites de compraventa de terrenos. “¿Dichos criterios son los mismos que se aplican a particulares que tramitan compras de terrenos propiedad del Estado ante la Anati?”, preguntó el procurador.
El cuestionamiento de la Procuraduría de la Administración se da luego que La Prensa diera a conocer en una publicación la adquisición de 18.4 hectáreas tituladas –divididas en dos fincas– ubicadas en la zona montañosa del corregimiento de Cirí Grande, en Capira, entregadas a la diputada de Cambio Democrático (CD), Yanibel Ábrego, por la Anati el pasado 23 de marzo, a un costo de $120, es decir, menos de un centavo el metro cuadrado.
Luego de los cuestionamientos por el posible uso irregular de la ley especial de titulación, el secretario general de Anati, Víctor Vergara, afirmó en un medio local que la Anati no habían vendido esos terrenos a la diputada Ábrego. “La Anati no posee tierras, si bien administra la tierra nacional. La posesión de la tierra está en manos del ciudadano panameño”, dijo Vergara. Esa versión es parecida a una esgrimida por Ábrego, que antes había justificado la compra advirtiendo que desde años se dedica al negocio de bienes raíces.
Pese a los señalamientos de Vergara y Ábrego, en los documentos que reposan en el Registro Público se puede observar el trámite de entrega de mil 900 metros cuadrados por $6 y de 18.3 hectáreas por $114 en Río Indio de Los Chorros, a Ábrego, y no como apunta Vergara, que señaló que estas tierras fueron compradas por la diputada a “un ciudadano particular, mediante la adquisición de un derecho posesorio” y no a la Anati.
Venden las tierras del Estado a centavo y nos sacan la lengua. Eso sólo debe pasar en Panamá, qué nos aguantamos todo, sin reaccionar como corresponde, en mi opinión.
— ERNESTO CEDEÑO A. (@ernestocedeno) April 10, 2023
De igual manera, en días pasados surgió una denuncia contra el director regional de la Anati en Veraguas, por parte de una mujer viuda de 88 años de edad, por el supuesto cobro de $6 mil por un trámite de titulación de dos hectáreas.
Estos no son los únicos escándalos que ensombrecen a la Anati: una investigación de la Fiscalía Superior Anticorrupción dejó al descubierto que dos funcionarios de esa entidad recibieron pagos de $1,500, $2 mil y hasta $5 mil por agilizar trámites para la titulación de un terreno en Pacora. Por este caso, la fiscalía allanó la sede de la Anati y aprehendió a los dos funcionarios, al igual que a un particular.
Uno de los funcionarios detenidos era nada menos que Abdiel Bernal, director de Asesoría Legal de la Anati, quien supuestamente usó los servicios de Ángelo Madrid, otro funcionario de esa dirección, y del particular José Mock, para recibir dinero y así agilizar trámites en la Dirección de Mesura de Anati. Los tres enfrentan ahora cargos por delitos contra la administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias.
