La procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, presentó una querella penal contra la diputada del PRD, Zulay Rodríguez, por presunto delito contra el honor (calumnia e injuria) y contra la administración pública (abuso de autoridad de los servidores públicos).
En la querella, se pide un millón 88 dólares en concepto de daños y perjuicios.
Porcell acudió personalmente a la Corte este martes 20 de agosto de 2019, para presentar la queja, que fue preparada por William Moore Goulbourne, abogado de la procuradora y de la fiscal anticorrupción Zuleyka Moore, quien también figura como querellante. Con Porcell estaban Rolando Rodríguez y David Díaz, secretario y subsecretario general de la Procuraduría General de la Nación (PGN). A esa hora, el lugar estaba lleno de periodistas que habían acudido a una protesta ciudadana en rechazo a la corrupción.
Rodríguez es una crítica de la gestión de Porcell. La diputada ha dicho, por ejemplo, que la procuradora no ha querido investigar las actuaciones del gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019), como parte del expediente por los sobornos que Odebrecht pagó en Panamá. La pesquisa está paralizada y el Segundo Tribunal Superior de Justicia negó ampliar la prórroga para investigar, como solicitó la procuradora y la Fiscalía Especial Anticorrupción.
La querella se fundamenta, precisamente, en dos tuits de la diputada, difundidos el 19 de agosto de 2019, en los que Rodríguez aparece con Rodrigo Tacla Durán, un antiguo operador de Odebrecht que actualmente está en España.
"Los mensajes ofensivos, calumniosos, instigadores y falsos no corresponden a lo dicho por el propio señor Durán en el video que la querellada difundió en la red social", señala la querella.
El 27 de julio de 2017, la PGN informó que había enviado una asistencia judicial a España, para requerir las diligencias de Tacla Durán e incorporarlas al expediente en Panamá.
Este martes, Porcell defendió la imparcialidad de las investigaciones. "Los fiscales han hecho su trabajo de manera coherente", indicó. Igualmente, dijo que solicitará que algún organismo internacional revise las actuaciones de los fiscales en determinados casos de alto perfil.
