La Procuraduría General de la Nación se encuentra reuniendo elementos probatorios en el proceso que sigue a partir de las denuncias penales presentadas contra los magistrados del Tribunal Electoral (TE) Heriberto Araúz y Alfredo Juncá.
Así lo confirmó ayer martes el procurador de la Nación (encargado), Javier Caraballo, quien, sin embargo, no precisó qué tipo de procedimientos adelanta.
Juncá y Araúz fueron denunciados en abril pasado por la presunta comisión de delitos contra la administración pública en la modalidad de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos, luego de que el 22 marzo de este año dictaron un fallo en el que mantuvieron el fuero electoral penal al expresidente Ricardo Martinelli –basados en un presunto principio de especialidad–, lo cual impidió que este compareciera a la audiencia preliminar del caso New Business, en manos del Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales.
Sin embargo, la Corte Suprema a de Justicia, en sesión ordinaria del pasado 11 de agosto, declaró inconstitucional la decisión de los magistrados del TE.
Uno de los denunciantes de los magistrados, José Alberto Álvarez, envió una carta a Caraballo y le solicitó que agilice el proceso.
Por su parte, el otro denunciante, Mitchell Doens, ha manifestado que el procurador tiene que solicitar una audiencia a la Corte Suprema para separar de sus cargos a Araúz y a Juncá.
Al respecto, Caraballo aseguró que su despacho adelanta la investigación y añadió que no es cierto que el proceso tiene que ser remitido a la Corte.
“Eso no es cierto, es una investigación que debe adelantar la oficina de la Procuraduría General de la Nación y, cuando culmine esta investigación, entonces, si así fuese lo correspondiente, iría a la Corte Suprema o no”, manifestó.
El magistrado Araúz termina su periodo el próximo 14 de noviembre, mientras que el de Juncá culmina en el año 2027.
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