La Fiscalía Quinta de Circuito solicitó el sobreseimiento provisional de 12 investigaciones relacionadas con presuntos daños ecológicos en manglares y el ecosistema de la bahía de Panamá.
La fiscal Thalía Palacios, en entrevista con este medio, explicó que solicitó el sobreseimiento provisional de esta investigaciones, debido a que no se tiene información de posibles violaciones a los estudios de impacto ambiental.
Aseguró que solicitó información al Ministerio de Ambiente, Servicio Nacional de Protección Civil, Ministerio de Obras Públicas, Municipio de Panamá y al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial respecto a si los proyectos cumplían con las normas que exigen las autoridades ambientales para operar, pero hasta ahora no ha recibido dichos reportes.
La funcionaria judicial explicó que, debido a que se le venció el plazo para culminar las pesquisas, se vio en la necesidad de remitir los expedientes a los tribunales con una solicitud de sobreseimiento provisional y que una vez le sean suministrados los datos solicitará la reapertura de estos procesos.
Así mismo, dijo que estas investigaciones han sido muy complejas, ya que se requiere de peritos expertos en verificación de daños al medio ambiente.
En las pesquisas se investigó supuestas anomalías como tala de manglares, rellenos de tierra que incumplen con los estudios de impacto ambiental, extracción ilegal de arena y violación de la zonificación de construcción, aspectos que han sido denunciados por moradores del área y por agrupaciones de la sociedad civil organizada que velan por la protección del ambiente.
La fiscal reconoció que en el área de la bahía de Panamá ya existen algunos proyectos en fase final, por lo que será muy difícil revertir el daño ocasionado.
“Estamos frente a diferentes proyectos en los que se han podido cometer diferentes delitos y por ello se necesita información específica de cada uno de ellos”, manifestó la fiscal.
INFORME DE LA UP
En tanto, un informe de la Universidad de Panamá (UP), solicitado por la fiscalía, detalla que en la mayoría de los proyectos que se desarrollan en la zona se detectaron rellenos que simulan un ambiente terrestre, el cual altera las características físicas y biológicas propias de los humedales y provoca la desaparición de especies de flora y fauna.
El informe también revela que algunos de los proyectos alteraron la regulación hidrológica, el control de inundaciones, la protección de las costas y la depuración del agua.
Así mismo, explica que la presencia de urbanizaciones y trabajos de movimiento de tierra impiden la llegada de aves migratorias.
Los peritos de la UP advirtieron en el informe que los humedales son importantes para mantener el régimen hidrológico y evitar inundaciones cuando grandes volúmenes de agua de los ríos coinciden con mareas altas.
En ese sentido, plantearon que cuando se crean rellenos en áreas de manglares se crea un efecto represa y ello provoca que el agua inunde zonas vecinas que antes no experimentaban ese fenómeno.
El citado documento puntualiza que los manglares y sus áreas aledañas también tienen una importancia comercial, por ser el hábitat de especies para la pesca artesanal y comercial.
Advierte que los humedales de la bahía de Panamá son sitios de descanso para aves migratorias que proceden de otras latitudes, que ahora no tienen a dónde llegar. En este punto, el informe indica que los humedales también actúan como una barrera natural ante posibles oleajes, al convertirse en una barrera de amortiguamiento natural.
LA GÉNESIS
La investigación alrededor de estos proyectos se inició cuando, el 10 de agosto de 2012, el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) y la Fundación MarViva presentaron una denuncia penal en el centro de recepción de denuncias del Ministerio Público para que se investigara si los daños ocasionados a los humedales que se encuentran en Juan Díaz, Tocumen y Pacora, y en el sitio Ramsar bahía de Panamá, calificaban como delitos ambientales.
En mayo de 2013, la fiscalía solicitó un sobreseimiento provisional del caso por falta de evidencias.
Cuatro meses después, pidió la reapertura del expediente tras la recepción de un informe de la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá, en el que se advierte sobre posibles irregularidades en el proceso de tala de manglares y cambios de zonificación. Ahora, los tribunales analizarán la petición de archivo provisional.
