La decisión de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de no admitir el recurso de casación del expresidente de la República, Ricardo Martinelli Berrocal, en el caso New Business, pone fin a este proceso iniciado en el año 2017, cuando el entonces diputado panameñista Jorge Iván Arrocha denunció en el pleno de la Asamblea Nacional la compra de las acciones de Editora Panamá América, S.A. (Epasa), con fondos aportados por contratistas del Estado.
Tras seis años de tramitación, pausas por recursos dilatorios, el otorgamiento del fuero electoral penal al expresidente por elecciones internas de su partido político y hasta el cambio de fiscales, el 17 de julio de 2023, la juez Segunda Liquidadora de Causas Penales, Baloisa Marquínez, profirió una sentencia condenatoria contra Martinelli, de 128 meses de prisión y una multa de $19.2 millones, en su calidad de autor del delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales. Otras cuatro personas también fueron condenadas por este caso.
Posteriormente, el 24 de octubre, los tres magistrados que conforman el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales (Manuel Mata y José Hoo Justiniani) decidieron la apelación presentada por el exmandatario y por los otros cuatro condenados por este mismo caso. Su decisión fue la de ratificar las condenas de primera instancia.
La casación
El 6 de diciembre pasado, el abogado Carlos Carrillo, defensor del expresidente, presentó el recurso extraordinario de casación ante el propio Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, para que este lo remitiera a la Sala Penal de la CSJ.
Esta Sala tenía tres opciones: “admitir el recurso” presentado, “ordenar su corrección” si hubiese tenido errores de forma o “no admitirlo”. La Sala escogió esta última opción.
Sala Segunda de la CSJ no admite recursos de casación de un expresidente de la República y otros ciudadanos
— OJudicialPanamá (@OJudicialPanama) February 2, 2024
¡Más detalles en el siguiente link!https://t.co/eM5Q5ltI04 #justicia #panama #ojudicialpanama pic.twitter.com/hb5tp05g6k
De acuerdo con estadísticas de la propia CSJ obtenidas por La Prensa, del primero de enero de 2020 al 31 de julio de 2023, la Sala Segunda recibió 1,375 recursos de casación, tanto del sistema inquisitivo como del sistema penal acusatorio. En ese mismo periodo de 43 meses despachó 1,192 de estos recursos, la gran mayoría de los cuales no fue admitido.
Luego que se haya cumplido el término para la ejecutoria de la decisión, después de la notificación por edicto a las partes, es decir al recurrente y al Ministerio Público, la Sala Segunda de la CSJ deberá remitir a la juez Marquínez copia de su decisión.
La no admisión del recurso de casación puede ser objeto de una “aclaración de sentencia” y, con posterioridad, de un recurso de “revisión”, sin que estos trámites detengan el cumplimiento de la decisión de la Sala Penal comunicada este 2 de febrero.
Corresponderá a la juez Marquínez la tarea de emitir un proveído, una resolución judicial de inmediato acatamiento, en la cual se le solicita a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional la detención del exmandatario con fines de cumplimiento de la pena dictada por dicho juzgado. Será responsabilidad del sistema penitenciario, que forma parte del Órgano Ejecutivo, decidir el recinto en el cual el expresidente cumplirá su pena.
El otro efecto jurídico
La sanción por el delito de blanqueo de capitales establecida por la juez Marquínez fue de 128 meses de prisión (10 años y 8 meses) y una pena accesoria del pago de una multa de $19.2 millones, en un término no mayor de un año de ejecutoriada la sentencia. Esa sentencia tiene otro efecto, establecido por la Constitución Política de la República de Panamá, que está contenido en el artículo 180 de ese texto y dice así:
“No podrá ser elegido Presidente ni Vicepresidente de la República quien haya sido condenado por delito doloso con pena privativa de la libertad de cinco años o más, mediante sentencia ejecutoriada proferida por un tribunal de justicia”.
Esa inhabilitación constitucional funciona de pleno derecho y le corresponde a la jurisdicción electoral hacerla cumplir.
