Ana Matilde Gómez recordó las circunstancias por las que fue removida del cargo de procuradora general de la Nación, hace 11 años, y dijo que es necesario condenar a los responsables, para que los gobernantes “aprendan a no temerse en la justicia”.
En la primera audiencia de fondo celebrada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la demanda que presentó contra el Estado panameño por presunta responsabilidad en su destitución arbitraria, Gómez recordó cómo ocurrió su remoción del cargo en el año 2010, por “presiones” del entonces presidente Ricardo Martinelli y un grupo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia “comprometidos” con él.
“Aquí me vinieron a pedir la renuncia en mi propia casa. Y le dije: usted me mata o yo me muero o usted me inventa un caso. Y eso fue lo que hizo. Dice mi esposo ‘gracias a Dios no te mató’, porque definitivamente lo que ellos quieren es la manipulación del Ministerio Público”, indicó Gómez.
Martinelli gobernó Panamá del 1 de julio de 2009 al 31 de junio de 2014. Antes, cuando hacía campaña a la Presidencia de la República, no tenía una mala relación con Gómez, quien había sido designada cinco años antes como procuradora en el gobierno de Martín Torrijos (2004-2009). Las “fricciones” empezaron -según la exprocuradora- con una serie de peticiones, una vez Martinelli tomó posesión como presidente.
“En primer lugar, él quería algún expresidente preso, particularmente me llamó no menos de siete veces un mismo día para que metiera preso al expresidente [Ernesto] Pérez Balladares. En segundo lugar, me solicitaba el traslado de una funcionaria subalterna del fiscal de Drogas, José Abel Almengor, en ese momento, al Consejo de Seguridad, para que él le pudiera transmitir a la embajada de Estados Unidos que las escuchas telefónicas estaban a cargo del Ministerio Público, en este caso autorizadas por mi. Yo, por supuesto, le dije que no a ambas cosas y eso trajo como consecuencia toda una serie de eventos después”, y agregó “me llamó el vicepresidente [que entonces era Juan Carlos Varela] y el jefe del Consejo de Seguridad también, para insistir”.
Almengor luego fue designado asesor en el Ministerio de la Presidencia y, finalmente, magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, pero renunció al poco tiempo. Cuando estaba en la Presidencia, era el “arquitecto” del grupo denominado Pamago: “Perseguidos por Ana Matilde Gómez”.
Una de las comisionadas de la CIDH pidió a Gómez que contara con qué propósito recibió en su casa a la entonces ministra de Educación, Lucy Molinar.
“No se me va a olvidar. Yo estaba en la Asamblea Nacional luchando para que no bajaran la edad de imputabilidad de los menores de edad. El 1 de febrero del año 2010, vino la ministra de Educación a mi casa, en la noche, cuando yo salí. Eso quedó registrado en las cámaras. Se sentó y me dijo: ‘piensa, piensa, debe haber algo que tú quieras con lo que todos quedemos tranquilos”, recordó Gómez.
Lo que ocurrió después fue que se abrió paso una demanda que en su contra había presentado Arquimedes Sáez, un fiscal a quien Gómez destituyó en 2005, por corrupción, al recibir $600 del padre de una joven aprehendida, a cambio de una medida cautelar distinta a la detención preventiva. En su demanda, Sáez adjunto como prueba sumaria el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la resolución en la que Gómez ordenó la interceptación de las comunicaciones del entonces fiscal.
Aquella demanda fue presentada el 15 de julio de 2009, 15 días después de la juramentación de Martinelli como gobernante.
Gómez fue condenada a 6 meses de prisión (que luego fueron reemplazados por 40 días multa) y 48 meses de inhabilitación para ejercer funciones públicas, por los delitos de abuso de autoridad e infracción de deberes, por la Corte Suprema de Justicia, en un fallo muy reñido: 5 votos a favor y 4 salvamentos. En el 2014, fue electa diputada por libre postulación, sin el aval de ningún partido político. A punto estuvo de no poder tomar posesión del cargo, por la pena accesoria de los 48 meses de inhabilitación para ejercer funciones públicas. En el camino, presentó varios recursos contra su condena, desde incidente de controversia, de recusación, de prescripción, de nulidad… “Y ninguno era resuelto en tiempo oportuno”, contó.
“Esto ha sido un estigma que yo he cargado por 11 años. Cada vez que mi nombre salía, por cualquier oportunidad laboral, me dicen la condenada, la pinchadora, nadie me quería dar trabajo. Yo tocaba las puertas. Lo que querían era darme dinero. Yo quedé sometida pues a ser mantenida por mi esposo por un tiempo, realmente una vergüenza muy grande, porque incluso con los estudiantes. Yo ahora soy decana de una facultad, pero también he sido docente universitaria. Yo pasé de ser procuradora a dictar clases en una escuela secundaria. Esa escuela fue la única que me abrió las puertas. Dictaba clases a quinto y sexto año. Y todo el tiempo tengo que explicar que yo no le he escuchado la conversación a nadie, que yo no soy una pinchadura… Todo el que me quiere descalificar para un puesto me dice pinchadora y condenada”, dijo la exprocuradora.
POSIBLE SOLUCIÓN AMISTOSA
En la audiencia de este martes, el Estado panameño estuvo representado por Farah Urrutia, actual representante para el sistema interamericana de protección de derechos humanos de la Cancillería de Panamá. Urrutia preguntó si era posible alcanzar una resolución amistosa a este conflicto.
“Eso lo ven con mis abogados”, respondió Gómez. Recordó que en el gobierno de Varela (2014-2019), hubo un acercamiento, “una primera intención”, con la Cancillería, entonces al mando de Isabel de Saint Malo de Alvarado. Ha sido la única vez, desde que la exprocuradora llevó su caso a la CIDH, el 30 de enero de 2011.
“De ahí mas nunca. Uno termina no creyendo. Hablen con los abogados. Hagan lo que tengan que hacer, pero esto reparémoslo, porque mientras no haya consecuencias, la institucionalidad del país está cuesta abajo. Y este país está casi en el punto de no retorno”, remarcó.
Urrutia también quiso saber cuál era la diferencia entre el proceso de elección de Gómez como procuradora, respecto a los siguientes procuradores.
“La diferencia no es solo la elección. El problema es la injerencia de los presidentes. Presidentes que no se aguanta no meterse para que los procuradores cumplan su periodo. En este que vamos, ahorita mismo ya han renunciado dos procuradores”, replicó Gómez.
Explicó que ha seguido adelante con su reclamó contra el Estado panameño, “porque es importante que en mi país la institucionalidad se fortalezca... Que nunca más en mi país, un operador de justicia se atreva a convertir el capricho de un presidente en una sentencia”.
En la audiencia, se presentó la declaración testimonial de Eduardo Guevara, fiscal superior cuando se dieron los hechos por los cuales el Estado panameño es ahora demandado.
EL TESTIMONIO DEL EXFISCAL GUEVARA
Guevara contó que en más de 30 años de experiencia (21 de ellos en el Ministerio Público), nunca había visto que en un proceso penal se utilizara un fallo de inconstitucionalidad como base para fundamentar una imputación, con efecto retroactivo. “Es inédito”, remarcó. “Existen razones extrajurídicas que motivaron este fallo”, agregó.
Indicó que hasta el 17 de julio de 2007, cuando la Corte declaró inconstitucional la resolución en la que Gómez ordenó la interceptación telefónica en el proceso seguido a Arquimedes Sáez, todos los procuradores habían ordenado esa clase de seguimientos.
“Había una interpretación jurídica sostenida de que el Ministerio Público era una autoridad judicial y mantenía la competencia para ordenar intervenciones telefónicas a través del procurador general de la Nación, cuando existieran indicios graves de la comisión de un delito”, explicó Guevara a los comisionados de la CIDH.
También resultó llamativo que la pena accesoria de 48 meses de inhabilitación para ejercer funciones públicas fuera ocho veces superior a la pena principal: 6 meses de prisión. El Código Penal dicta que la pena accesoria no puede exceder la pena principal. Cuando Gómez fue electa diputada, en 2014, la misma Corte Suprema redujo la pena accesoria a 6 meses de inhabilitación.
Guevara también recordó que Rigoberto González, entonces secretario general de la Procuraduría General de la Nación y actual procurador de la Administración, fue procesado por los mismos hechos que motivaron la separación y condena de Gómez, pero en la justicia ordinaria. En este caso, un juzgado municipal dictó un sobreseimiento provisional e impersonal, el 12 de octubre de 2012. “Para el fiscal, no hubo elementos que acreditaran la comisión de un delito”.
Guevara señaló que la condena a Gómez afectó la institucionalidad del Ministerio Público.
“Demostró la fragilidad de nuestro sistema de justicia. Tiene una enorme carga simbólica ver a una procuradora general de la Nación ser separada de su cargo por un delito que no había cometido. En el imaginario colectivo, se fue construyendo un sentimiento de incertidumbre e inseguridad jurídica. Recuerdo que el día de la sentencia, el 12 de agosto de 2010, un activista de derechos humanos dijo, reflexionando en voz alta, que si esto puede ocurrirle a una procuradora general de la Nación, ¿qué tan vulnerables seremos el resto de los ciudadanos?”.
La propia Gómez contó que carga con un récord policivo, “pero ninguno de los corruptos de mi país tiene un récord policivo. Yo tengo uno que me trunca un proyecto de vida, de tal vez aspirar a hacer una carrera judicial en mi país. A mí me acaba de postular el Estado panameño a la Corte IDH y me retiraron la postulación, precisamente porque todos los detractores salen a decir ‘ella está condenada’. Entonces, 11 años de oportunidades en mi vida que se han perdido”, remarcó.
POSIBLE SOLUCIÓN AMISTOSA
Luego de que las partes expresaran su intención en buscar una solución amistosa al conflicto, la CIDH fijó un plazo de 10 días para que el Estado panameño entregue, por escrito, su respuesta a la demanda de Gómez, con una hoja de ruta.
“El gobierno reafirma su compromiso de ofrecer garantías y ha reconocido la necesidad de mejorar continuamente su accionar en materia de derechos humanos”, dijo Farah Urrutia. Antes, indicó que se requerían seis meses para hacer los cálculos actuariales y de la indemnización que correspondía pagar a la reclamante.
La exprocuradora solicita, en concreto, una disculpa pública, que el Estado panameño reconozca su responsabilidad, y que se fije una compensación por el daño material (tanto el daño emergente como el lucro cesante) y otra por daño moral.
