Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares tendrán su audiencia de lectura de sentencia el viernes 20 de mayo, en el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York, cinco meses después de haberse declarado culpables de participar en un esquema para blanquear los sobornos pagados por la brasileña Odebrecht, a un “alto funcionario del gobierno de Panamá” entre los años 2009 y 2014, aceptando que es también un “pariente cercano” de ambos.
Los acuerdos a los que llegaron los hermanos tienen básicamente la misma estructura: una confesión a cambio de una pena máxima inapelable de 151 meses de prisión y la devolución de unos 19 millones de dólares, conjuntamente, como una multa. Esto no limita a que se apliquen condiciones más favorables o desfavorables en las condenas, cuyo alcance solo se podrá entender con los términos de las respectivas sentencias. Si la pena es superior a 151 meses de prisión, sí sería apelable.
Los tres aspectos fundamentales de las condenas son la duración, el descuento por el tiempo cumplido en Guatemala y la instalación penitenciaria en la cual cumplirán su condena.
Es necesario recordar que la condena la determina el juez federal Raymon J. Dearie, fundamentado en las recomendaciones que haga la fiscalía federal del Distrito Este de Nueva York y el Buró Federal de Prisiones del Departamento de Justicia. Así, cada uno de estos aspectos puede revelar no sólo las recomendaciones de estas entidades, sino otras interioridades del proceso.
Duración de la condena
Las condenas pactadas como inapelables fueron de 151 meses de prisión, es decir 12 años y 7 meses de reclusión. Esto no significa que la condena no pueda ser mayor. El delito aceptado tiene una pena de hasta 20 años de prisión. Aquí es sumamente relevante el número de meses, ya que si excede lo pactado podría indicar que no hubo cooperación con la fiscalía y que se pudieron encontrar pruebas que afectaron la posición de uno o ambos hermanos, ya que las condenas pueden ser muy diferentes. Por el contrario, si el término de prisión es menor a los 151 meses, sin incluir los descuentos, puede ser un indicio de que hubo algún grado de cooperación con la justicia estadounidense.
Guatemala
En las condenas habrá un descuento de aproximadamente 6 meses, que es el tiempo que los hermanos habrán pasado detenidos en Estados Unidos antes de la audiencia de sentencia. Lo interesante es si se deducen los 16 meses a la condena de Luis (extraditado el 15 noviembre de 2021) o de 17 meses a la de Ricardo Alberto (extraditado el 10 de diciembre). Esto dependerá de la consideración del juez Dearie frente a lo que soliciten la defensa y la fiscalía. Si se logra demostrar que Mariscal Zavala en Guatemala fue una cárcel de lujo, es posible que el descuento por esto sea equivalente a la mitad del término que pasaron en esa base militar. Si el juez es estricto o si las pruebas son muy contundentes, se podría eliminar ese descuento.
Condiciones
El primer punto relevante es si los Martinelli Linares serán enviados al mismo centro penitenciario. Aunque no es usual, esto ocurrió con los hermanos Erik y Lyle Menéndez, que cumplen cadena perpetua por el asesinato de sus padres en 1989, en California. Los Menéndez estuvieron en prisiones distintas hasta que en el año 2018 fueron reunidos en el mismo centro, lo que tampoco implica el mismo pabellón. Su caso siguió las reglas del estado de California, que tiene fama de “suave”.
El otro factor a considerar dentro de esta categoría es la clase de centro penitenciario al que serían enviados los Martinelli Linares. El sistema federal de prisiones tiene instalaciones de baja y media seguridad disponibles para este tipo de prisioneros. No sería extraño que fuesen enviados a un centro en el propio estado de Nueva York o a un estado con mucha población hispana, para evitar posibles conflictos raciales o de otra naturaleza.
Como queda claro, los jueces hablan por sus fallos, y las condenas que dispense el juez Dearie dirán mucho sobre su concepto de la justicia, y sobre cómo las distintas agencias del gobierno federal de Estados Unidos procuran castigar a los involucrados en el caso Odebrecht.
