La Corte Suprema de Justicia (CSJ) reanudó este miércoles, formalmente, la investigación seguida al expresidente de la República y diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Ricardo Martinelli, por la compra de alimentos deshidratados por $44.9 millones, con fondos del Programa de Ayuda Nacional (PAN).
El magistrado fiscal Oydén Ortega dijo que, en cuanto termine de recabar las pruebas, solicitará la audiencia de imputación a Martinelli. “Se tendrán los elementos necesarios para sustentar esa imputación y proceder como en derecho corresponda”, anunció.
Martinelli no se presentó en el acto; su equipo legal lo encabezaron Rogelio Cruz y Sidney Sittón.
El caso estaba paralizado desde el 2 de julio de 2015, cuando Ortega presentó una advertencia de inconstitucionalidad contra el artículo 491A de la Ley 55 de 2012 ("Ley Blindaje"), que impone un plazo de dos meses para investigar a diputados, sean principales o suplentes, de la Asamblea Nacional o el Parlacen.
El 19 de noviembre, el pleno de la CSJ declaró inconstitucional dicho artículo.
En la audiencia del 2 de julio pasado, Ortega solicitó más tiempo para concluir la investigación. El magistrado Jerónimo Mejía -en funciones de juez de garantías- advirtió este miércoles que el artículo 291 del Código Procesal Penal le otorga un plazo de seis meses, aplicable ahora también a los diputados tras la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 491A de la Ley Blindaje.
“Queda el fiscal en la posibilidad de seguir sus investigaciones sin necesidad de pedir una prórroga al plazo de dos meses, porque dicho plazo ya no rige en la República de Panamá”, dijo Mejía.
Sittón replicó que, según el artículo 32 del Código Civil, se debe mantener el plazo de dos meses para investigar a su cliente, ya que ese era el término vigente cuando inició la causa judicial.
Mejía declaró improcedente lo requerido por Sittón. “Lo que está presentando la defensa es un verdadero recurso de reconsideración porque se está refiriendo a la decisión que acabo de tomar”, indicó.
Sittón también se quejó porque –según él- Ortega ha requerido información sobre cuentas bancarias ligadas al proceso, sin autorización del juez de garantías. También acusó al superintendente de Bancos, Ricardo Fernández, de no querer recibir una petición de la defensa.
“Nos hemos encontrado que el superintendente bancario tiene una interpretación de que los particulares, entiéndase la defensa técnica, no pueden solicitarle certificaciones o documentación. [La solicitud] ni siquiera la quiere recibir”, indicó.
Ortega respondió que su despacho no ha realizado diligencia alguna ni enviado notas desde el 2 de julio, cuando se suspendió la investigación a la espera de que se resolviera la advertencia de inconstitucionalidad sobre la Ley Blindaje.
Sobre los reclamos de Sittón, Mejía indicó que el planteamiento "ha sido muy vago, incluso en algunos momentos ambiguo".
"La defensa lo que quiere es decir que algo ha pasado para tratar de garantizarse algún derecho en la fase intermedia. Pero bueno, si esa era la idea, había que hacerlo de otra forma. De manera que no tengo cómo pronunciarme de un acto concreto del fiscal", dijo Mejía.
Sobre la actuación del superintendente de Bancos, el juez solicitó que la defensa aportara los escritos que supuestamente le han sido negados.
Sittón solicitó fecha para una nueva audiencia, a fin de atender dicho requerimiento.
¿POR QUÉ SE INVESTIGA A MARTINELLI?
Martinelli es investigado luego que Giacomo Tamburrelli, exdirector del PAN en el pasado gobierno, declarara en la Fiscalía Segunda Anticorrupción que suscribió el contrato para la compra de los alimentos deshidratados con la empresa Lerkshore, por orden de Martinelli.
Por este caso, serán enjuiciados Tamburrelli; la excontralora Gioconda Torres de Bianchini; el exsecretario privado de Martinelli, Adolfo "Chichi" De Obarrio; el exjefe de Nutrición del PAN, Ángel Famiglietti, y el empresario Rubén De Ycaza, de la empresa proveedora Lerkshore. Todos tienen medida cautelar, ya sea de casa por cárcel o impedimento de salida del país, salvo De Obarrio, que nunca ha comparecido y fue declarado prófugo.
El Juzgado Décimo Quinto Penal favoreció con un sobreseimiento a los exministros Lucy Molinar (de Educación) y Federico José Suárez (de Obras Públicas), y a las exviceministras María Fábrega (de la Presidencia) y Marta Susana de Varela (de Desarrollo Social). Todos avalaron la contratación, como miembros del consejo directivo del PAN.
La fiscal Vielka Broce apela dicho sobreseimiento.
Nota en desarrollo…
