La rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí, (Unachi), Etelvina Medianero de Bonagas, continúa bajo el escrutinio de las autoridades, en esta ocasión por la vía penal, por presunto peculado.
El responsable de conducir la investigación es el procurador general de la Nación encargado, Javier Caraballo. En caso que este emita una vista fiscal con solicitud de llamar a juicio a la rectora, la decisión debe recaer en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Aunque la investigación que llevaba a cabo la Fiscalía General de Cuentas contra la rectora, por posible responsabilidad directa y solidaria en una presunta lesión patrimonial, en el caso de “doble salario”, que fue cerrada y archivada el pasado 12 diciembre del 2022 por parte del Tribunal de Cuentas (a través del Edicto N°413, que contiene el Auto N°386-2022), el caso prosigue ante el Ministerio Público, ya que en esa instancia también se presentó una denuncia, por estos mismos hechos, pero para que se investigara si se cometió un delito contra la administración pública.
“La Procuraduría General de la Nación mantiene en fase de investigación denuncia proveniente de la Fiscalía Anticorrupción de Descarga por el delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado, para lo cual se han practicado diversas diligencias, como entrevistas y solicitudes de información a la Secretaría General de la Unachi, al Tribunal de Cuentas y otras”, comunicó sobre el tema la Procuraduría a La Prensa.
Responsabilidades independientes
La Ley 67 de 2008, que desarrolla la jurisdicción de Cuentas en Panamá, lo deja claro.
En el artículo 4, de su capítulo 1, Título 1, señala que: “La responsabilidad patrimonial por los actos establecidos en la presente ley es independiente de la responsabilidad administrativa, penal o disciplinaria que estos conlleven”.
Por lo que una vez la Contraloría General de la República detecta una lesión patrimonial en una auditoría realizada, procede a llevar la denuncia en ambas jurisdicciones (la de cuentas y la penal), si así lo considera prudente.
Por ello, el cierre y archivo del caso en el Tribunal de Cuentas no tiene vinculación con la investigación que se lleva a cabo, por el mismo tema, en el plano penal.
El exfiscal de cuentas y abogado Guido Rodírguez explica que el expediente que cerró el Tribunal de Cuentas no tiene porqué definir la suerte de aquel que maneja Caraballo.
“Se han dado no pocos casos en los que se cierra una y continúa la otra, y se declara culpabilidad en una jurisdicción y no en la otra”, dijo.
Rango de directora
En la causa penal, se investiga a la rectora Medianero de Bonagas, al igual que al exrector Héctor Requena y a la profesora Nitzia Cemiramis Muñoz Aguilar.
La gran diferencia es que las investigaciones que realiza el Ministerio Público a estas tres personas son tratadas en instancias diferentes.
Requena y Muñoz de Aguilar son investigados por la justicia ordinaria, mientras Medianero de Bonagas, por ser rectora de la Unachi y tener rango de directora de entidad autónoma, es investigada directamente por el procurador o a quien este designe.
El exprocurador Eduardo Ulloa explicó a La Prensa que al ser la Unachi una institución de carácter superior, autónoma, con personería jurídica y patrimonio propio con derecho a administrarlo, corresponde el conocimiento de las causas que se sigan a la rectora a la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, aunque la investigación recaiga en el procurador general de la Nación.
Así consta en el artículo 40 del Código Procesal Penal, en su numeral 1, que señala que la Sala Penal será competente “de los procesos penales que se sigan contra…… los directores y gerentes de entidades autónomas y semiautónomas y quienes desempeñan cualquier otro cargo de mando y jurisdicción en todo el territorio de la República o en dos o más provincias que no formen parten de un mismo Distrito Judicial “.
Según Ulloa, “este artículo mantiene relación con los directores y gerentes de entidades autónomas, lo mismo que consagra el Código Judicial en su artículo 94, al señalar que corresponde a la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia [tratar] las causas por delitos o faltas cometidas por dichos funcionarios”.
Por su parte, la exprocuradora Ana Matilde Gómez afirma que “todo funcionario cuyo caso tiene que ser atendido por rango, jerarquía y alcance de sus actos y decisiones, por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia es, por mandato legal, una causa que tiene que instruir el procurador general de la Nación, el cual puede delegar a cualquier fiscal, ya que es quien sustenta ante la Sala Penal”.
Denuncias
Meses atrás, el exfiscal Rodríguez presentó una denuncia penal contra Medianero de Bonagas, por la supuesta comisión del delito contra la administración pública.
Rodríguez sostuvo que su trámite fue presentado ante el despacho de Caraballo y que se asignó un fiscal delegado para llevar el caso, " en donde ya se solicitaron, a través de oficios, una serie de información con base en los elementos de convicción que se presentaron en base en la denuncia y ya recibieron la contestación de la Unachi y están analizando la información recibida para tomar la decisión de proceder, continuar la investigación, formularle cargos con una audiencia de imputación o a archivar la denuncia”.
¿Abogado pagado por la Unachi?
Según se establece en la causa resolutiva del Tribunal de Cuentas, el abogado de Medianero de Bonagas es un docente en la Unachi.
Se trata de Braulio Enrique González Bernal, quien labora desde el 20 de septiembre de 1993 como “profesor regular titular” de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, con un salario de $6,779.60 mensuales.
Mientras, en la causa penal, Medianero de Bonagas optó por una defensa pública, que fue asignada al abogado Luis Carlos Tapia.
