Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares se reunieron “en persona, en varias ocasiones”, con un agente del Federal Bureau of Investigation (FBI) de Estados Unidos, como parte de la investigación por presunta conspiración para lavar dinero y lavado de dinero relacionado con Odebrecht.
El dato está consignado en el affidavit (declaración jurada) que el agente especial del FBI, Michael Lewandowski, entregó este lunes a la Corte del Distrito Este de Nueva York, que el 27 de junio pasado recibió una queja criminal contra los dos hermanos. Lewandowski es uno de los agentes asignados al caso, “que involucra conductas criminales, incluyendo conspiración y lavado de dinero”.
El agente no precisa cuándo o dónde se llevaron a cabo las reuniones, o quién más participó en ellas.
Lewandowski precisa que en la evidencia obtenida contra los Martinelli Linares, hay declaración de testigos, registros bancarios, documentos de propiedad de sociedades y correos electrónicos, entre otros. El agente adjunto fotografías de ambos.
Los hermanos están detenidos en Guatemala desde el 6 de julio pasado, mientras se define su eventual extradición a Estados Unidos.
Según la investigación del FBI, los dos hijos del expresidente habrían participado como “intermediarios” en la recepción y pagos de sobornos por $28 millones, “bajo la dirección de Odebrecht”.
Los pagos habrían beneficiado a un funcionario panameño, cuyo nombre no ha sido anotado en los documentos divulgados hasta ahora (la mayoría se encuentra sellado por orden del juez federal Robert Levy). No obstante, ese funcionario es descrito como “un oficial con un altísimo cargo en el gobierno de Panamá” entre 2009 y 2014, periodo que corresponde al mandato presidencial de Ricardo Martinelli Berrocal, y, además, “familiar cercano” de los dos acusados.
En paralelo al affidavit presentado por el agente del FBI, la fiscal adjunta Julia Nestor presentó a la Corte una declaración de 12 páginas en respaldo a la solicitud de extradición a Guatemala, en la que señala que solo por el delito de conspiración para lavar dinero, la pena de prisión sería de hasta 20 años.
Igualmente, la fiscal menciona que hay dos cargos por lavado de dinero “por ocultamiento”, los cuales conllevan una pena máxima de hasta 20 años de prisión. Luis Enrique, además, está ligado a un cargo por utilizar dinero producto del fraude, en un negocio legítimo, delito sancionado con prisión de hasta 10 años.
La fiscal también hace referencia al “estatuto de limitación”, que exige que los cargos mencionados sean presentados dentro de los cinco años siguientes a la comisión de dichos delitos. Recordó que el 13 de julio de 2017, la Corte ordenó la suspensión de dichos términos, por tres años, mientras se recaba información solicitada a cuatro países. No se precisa cuáles son esas jurisdicciones.
Julia Nestor se refiere a Ricardo Alberto y Luis Enrique como “intermediarios” que habrían aceptado y blanqueado pagos de sobornos de Odebrecht, en beneficio de “un funcionario del gobierno de Panamá”, de alto rango, entre 2009 y 2014, quien sería familiar cercano de los acusados.
Según la queja criminal, los pagos habrían ocurrido entre agosto de 2009 –un mes después de la toma de posesión de Martinelli Berrocal– y septiembre de 2015, por lo menos, y se habrían canalizado a través del manejo de cuentas bancarias “secretas”, a nombre de sociedades fantasma o shell companies, en Bahamas o Islas Vírgenes Británicas. Estas transacciones fueron realizadas, “a sabiendas de que representaban el producto de alguna actividad ilegal” y con intención de ocultar su naturaleza, fuente y beneficiario, según la enmienda presentada el lunes.
En Panamá, el expresidente y sus dos hijos son requeridos para indagatoria por la Fiscalía Especial Anticorrupción, que desde el año 2017 investiga las coimas que Odebrecht pagó en el país.
El Segundo Tribunal Superior de Justicia benefició a los hijos con fianzas de $2 millones, cada uno. En cuanto al padre, no ha acudido a indagatoria y lo último que se supo es que presentó una incapacidad médica por 60 días, vigente hasta principios de septiembre próximo.
Luis Eduardo Camacho, vocero del expresidente, indicó que no conocen la información del FBI, salvo lo que ha publicado La Prensa, y que ahora están centrados en lograr la “liberación” de los hijos detenidos “ilegalmente” en Guatemala.
“La única reunión que conozco del FBI es lo que ustedes publicaron... En este momento, no es nuestra preocupación”, indicó Camacho, quien insiste que Ricardo Alberto y Luis Enrique son diputados suplentes del Parlacen, aunque no han sido debidamente juramentados. Agrega que los dos entraron a Guatemala como diplomáticos, “que es la condición de ellos”.
Con información de Manuel Vega y José González Pinilla...
