Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares estarían dispuestos a declararse culpables de al menos uno de los tres cargos en su contra, por presuntamente conspirar para lavar dinero de Odebrecht, y “el consentimiento para el decomiso” de $19 millones en activos.
Así consta en una carta que James G. McGovern, abogado de los hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014), presentó en la Corte del Distrito Este de Nueva York este lunes 15 de noviembre, el mismo día que Luis Enrique llegó a Estados Unidos, extraditado por Guatemala.
“Los activos decomisables incluyen una cantidad considerable de fondos depositados en bancos suizos que habría sido muy difíciles de recuperar sin el acuerdo de los hermanos Martinelli de declararse culpables y de tomar medidas para facilitar el acceso de Estados Unidos a esos fondos”, señala McGovern en su escrito. Agrega que hace tres meses, anticipando que se concretaría este acuerdo de culpabilidad, sus clientes transfirieron $1.7 millones al gobierno estadounidense.
La nota está dirigida a la magistrada juez Marcia M. Henry, que este martes 16 de noviembre celebrará una audiencia a Luis Enrique, para revisar las medidas de arraigo. Previamente, la fiscalía solicitó por escrito a la magistrada juez que ordene la detención “permanente” del acusado, ante el riesgo “significativo” de fuga. McGovern, en tanto, propone un paquete de fianza que, según él, garantiza la permanencia de su cliente, quien de momento está en el centro de detenciones de Brooklyn.
El paquete propuesto incluye una fianza personal de $3 millones, garantizada por $1 millón en efectivo; la promesa de permanecer confinado en un apartamento alquilado en Manhattan; la entrega del pasaporte o cualquier otro documento de viaje, y permanecer sujeto a supervisión hasta que se celebre el juicio.
McGovern reconoce lo que los fiscales ya le contaron a la juez: que antes de evadirse estaban negociando un acuerdo de culpabilidad.
Según el abogado, las reuniones entre las partes iniciaron en 2018, un año después que sus clientes fueron detenidos en Miami, Florida, porque -aunque habían ingresado legalmente al país- ya no tenían visa para permanecer en Estados Unidos. Los hermanos estuvieron dos semanas en un albergue migratorio en Krome, al sur de Miami, y salieron después que un juez de esa jurisdicción les otorgó una fianza de un millón de dólares a cada uno. Se desconoce si, en efecto, abonaron o no la fianza, pero nunca fueron deportados y permanecieron en ese país hasta, por lo menos, junio de 2020.
“Mientras sus abogados seguían negociando con los fiscales federales un posible acuerdo antes de que se presentaran los cargos en Estados Unidos, los hermanos cometieron un grave y poco meditado error”, reconoce McGovern en la nota a la juez. Agrega que sus clientes tomaron la decisión de salir de Estados Unidos, en su afán por regresar a Panamá, para -según él- defenderse de las acusaciones que acá también se les ha formulado, por los sobornos de Odebrecht.
El 27 de junio de 2020, las autoridades se percataron que Luis Enrique y Ricardo Alberto ya no estaban en Estados Unidos y entonces se presentó una acusación (indictment) sellado, en la Corte del Distrito Este de Nueva York. La acción fue impulsada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), cuyos agentes se habían reunido en varias ocasiones y en persona con los dos acusados. Después fueron ubicados en Guatemala, donde ingresaron desde El Salvador, vía terrestre, reclamando ser diputados suplentes del Parlacen. El 3 de julio de 2020, se expidió la solicitud de captura con fines de extradición y la detención se llevó a cabo el 6 de julio, en el aeropuerto La Aurora, en momentos en que se disponían a embarcar un avión privado, con destino a Panamá.
(2/2) U.S. Attorney Peace: “Combatting bribery and money laundering by extraditing and prosecuting corrupt foreign actors like Martinelli is a priority of the Department of Justice.”
— US Attorney EDNY (@EDNYnews) November 16, 2021
Luis Enrique ha estado, hasta la mañana de este lunes, en la prisión militar Mariscal Zavala, donde su hermano permanece todavía, a la espera de que la embajada estadounidense defina la fecha y hora de su vuelo a Nueva York. Aunque McGovern asegura que sus clientes van “voluntariamente” de vuelta a Estados Unidos, todo este tiempo han presentado recursos judiciales para impedir su extradición y asegurando que la detención viola su estatus “diplomático”. Ricardo Alberto desistió de estas acciones, solo después de que un tribunal avalara la extradición de Luis Enrique, en mayo pasado, decisión que fue ratificada por la Corte de Apelaciones de Guatemala, en junio.
El letrado comunicó su intención de solicitar que la Corte de Nueva York reconozca los 16 meses que sus clientes han estado detenidos en Mariscal Zavala.
Según él, no hay razón para pensar que los hijos del expresidente Martinelli podrían fugarse y menos a Panamá, donde asegura que las cárceles son “reconocidamente peligrosas”.
“No tendría sentido que viajaran a Estados Unidos, se declaren culpables de un delito federal y luego huyan de los cargos de los que acaban de declararse culpables, solo para regresar a Panamá, donde no pueden esperar ni refugio ni inmunidad”, sostiene McGovern.
A los hermanos Martinelli Linares se les acusa por haber ejercido como “intermediarios” en el pago de $28 millones en sobornos que Odebrecht pagó para beneficio de “un antiguo funcionario de alto rango del gobierno de Panamá”, que es familiar cercano de los dos acusados. De los $28 millones en sobornos, $19 millones (que es la cantidad que ahora ofrecen entregar en decomiso) fueron transferidos utilizando cuentas bancarias en Estados Unidos.
En concreto, se les formuló tres cargos: uno por presuntamente conspirar para lavar dinero, y dos más, por ocultar información sobre el blanqueo de capitales. Luis Enrique enfrenta dos cargos adicionales, por el supuesto uso de dineros obtenidos a través del lavado de activos.
La acusación se basa en hechos presuntamente cometidos entre agosto de 2009 y septiembre de 2015, coincidiendo en gran parte con el mandato presidencial de su padre.
Panamanian Intermediary in Alleged Bribery Scheme Charged with Money Laundering Extradited to the United States from Guatemalahttps://t.co/06YRngZQhc
— Criminal Division (@DOJCrimDiv) November 16, 2021
La fiscalía de Nueva York informó este lunes que cuenta con suficientes pruebas (registros bancarios, la base de datos de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, solicitudes de transferencia...) que sustentan los cargos contra los dos acusados.
