El expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, investigado en España por su posible vinculación con el esquema de sobornos que involucra a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), atendió este viernes una citación de la Audiencia Nacional de España para rendir declaración indagatoria.
No obstante, una vez inició la diligencia (que se realizó por videoconferencia), se negó a responder el cuestionario de la fiscalía y únicamente contestó aquello que le preguntaba su abogado.
El expresidente, ante el requerimiento del magistrado Ismael Moreno, manifestó que se acogería a su derecho a no declarar.
Manifestó que solamente respondería a las preguntas que le haría su apoderado y abogado defensor.
De esa manera, Martinelli se negó a responder a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción de España, a cargo de María Teresa Galvez. También se abstuvo de responder al cuestionario preparado por la acusación popular que representa la Fundación Internacional Baltasar Garzón.
Pero el exmandatario ofreció a sus seguidores una versión muy distinta de los hechos.
“He declarado voluntariamente, renunciando a todos mis derechos, en un proceso que no tengo absolutamente nada que ver. Fue inventado por un señor Garzón, por motivos políticos que desconozco”, dijo en un video que divulgó en su cuenta en Twitter.
La Audiencia Nacional ordenó en abril de este año tener por investigado a Martinelli, como parte del proceso que por corrupción internacional se le sigue a FCC.
Las pesquisas judiciales buscan descubrir el pago de sobornos a funcionarios panameños por parte de ejecutivos de FCC, a cambio de contratos de obras públicas, y el posible blanqueo de dichos fondos en España.
Se conoce que, al menos, una propiedad valorada en más de 4 millones de euros y ubicada en uno de los barrios más lujosos de Madrid, fue adquirida con fondos presumiblemente procedentes de cuentas en Suiza y Andorra, alimentadas con fondos ilícitos.
FCC recibió al menos media docena de contratos entre 2009 y 2014. De acuerdo con las delaciones hechas por dos exejecutivos de la constructora, se conoce que funcionarios del gobierno de Martinelli exigieron el pago de “comisiones” por cada una de las obras que le fueron adjudicadas, equivalentes al 10% del valor de los contratos.
FCC, de acuerdo con dichas delaciones, participó, junto con Odebrecht, en la organización de la trama corruptiva, en la etapa de la adjudicación ilícita de las obras. FCC y Odebrecht eran socios en algunas obras, como la Línea 1 del Metro de Panamá.
Los pagos, en ambos casos, fueron hechos a través de una pluralidad de sociedades anónimas que terminaron en cuentas bancarias en Suiza y Andorra, y en la compra de activos y negocios alrededor del mundo.
