El otorgamiento de los créditos por parte de la Caja de Ahorros (CA) para la construcción del centro de convenciones de Amador tuvo varias irregularidades,
según se desprende de la investigación que la Fiscalía Primera Anticorrupción adelanta por este caso.
Según las pesquisas hechas por la fiscal Tania Sterling, el sistema para entregar el crédito de 9 millones de dólares a la empresa HPC Contratas-P&V, S.A., encargada de la obra, “violó” el trámite interno de la CA, ya que estaba basado en elementos que no garantizaban el reembolso de los dineros.
En el documento con el que la fiscalía ordenó la indagatoria de Riccardo Francolini, expresidente de la junta directiva de la CA, entre otros, se determinó, que “las facilidades otorgadas para lograr los desembolsos implicaban más de una excepción y constituían una conducta dolosa, ya que primero se autorizó el desembolso y luego se verificó la seguridad del retorno de los fondos al Estado (...)”.
Este diario intentó contactar a Carlos Carrillo, abogado de Francolini, pero no respondió.
LA RUTA DE LOS CHEQUES DE LA CAJA DE AHORROS
La Fiscalía Primera Anticorrupción pedirá al Tribunal Electoral que le levante el fuero penal electoral al comerciante y exvicepresidente de la República Felipe Pipo Virzi, uno de los mencionados en la investigación que ese despacho sigue por supuestas irregularidades en el otorgamiento de un préstamo por parte de la Caja de Ahorros (CA) a empresas ligadas a allegados al expresidente Ricardo Martinelli.
Virzi aspira a obtener un cargo en la cúpula del opositor Partido Revolucionario Democrático, que el próximo 30 de octubre realizará elecciones para renovar su Comité Ejecutivo Nacional, máximo organismo del colectivo, razón por la que todos los candidatos tienen fuero, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Electoral.
OTRAS DILIGENCIAS
Fuentes judiciales ligadas al proceso confirmaron que el Ministerio Público tiene previsto remitir esta semana al Tribunal Electoral una petición para quitarle esa inmunidad de la que ahora goza Virzi.
El comerciante, de acuerdo con la investigación, fue quien presuntamente otorgó las garantías para el préstamo conferido a HPC-Contratas-P&V, consorcio que en el gobierno pasado estaba encargado de construir un centro de convenciones en Amador, pero el dinero [línea de crédito por $10 millones] se habría usado para otros fines, según las pesquisas.
Por este caso se ordenó la detención preventiva de Riccardo Francolini, quien, al momento de la transacción, fungía como presidente de la junta directiva de la CA.
La remoción del fuero del exvicepresidente no es el único movimiento que tiene contemplado la Fiscalía Primera Anticorrupción, a cargo de Tania Sterling.
Esta semana, de acuerdo con las mismas fuentes, se girará una orden de conducción contra Manuel Morales, presidente de HPC Contratas -P&V, S.A. Morales no ha comparecido ante el Ministerio Público, pese a los requerimientos hechos por Sterling.
LOS MOTIVOS
¿Por qué en este caso se investigan delitos contra la administración pública? De acuerdo con la providencia de indagatoria emitida por el Ministerio Público, y a la que tuvo acceso este medio, en el préstamo que se autorizó al consorcio, “no se utilizaron los mecanismos establecidos en el manual de procedimiento de la Caja de Ahorros”, ya que, según el citado documento, no existía una solicitud de crédito, sino que se hace referencia a una carta indicativa “que no se ha podido recuperar” entre los documentos que reposan en el banco.
La pesquisa de la fiscalía también determinó que a través de correos electrónicos, Rodrigo Arosemena, quien laboraba como subgerente del banco estatal en esa época, fue quien autorizó excepciones para efectuar desembolsos por $9 millones. Al momento de que personal de la CA solicitó la aprobación de dicha transacción, Arosemena envió un correo electrónico en el que ordena que se emitan tres cheques de gerencia.
De acuerdo con lo que declaró un funcionario de la CA ante la Fiscalía Primera Anticorrupción, cuando se le solicitó al cliente [la empresa constructora] que detallara los montos y dijera para qué serían utilizados, Manuel Morales, presidente de HPC Contratas-P&V, S.A., especificó que se desglosaran así: $7 millones para el pago de un arquitecto, otro cheque por $850 mil para la compra de equipo y otro de un millón 150 mil dólares para la compra de acero.
Los $7 millones fueron entregados a Summer Venture, Inc. que, según la fiscalía, no se dedica a elaborar planos o a hacer diseños arquitectónicos.
La transacción por $850 mil se efectuó a nombre de la sociedad Ilkeston Associates y el millón 150 mil dólares restante se remitió a Langton Internacional Holding Ltd.
También consta en la investigación que una vez que Summer Venture, el 2 de enero de 2013, recibió el cheque de gerencia 1545114 por los $7 millones, transfirió, el mismo día, ese monto a una cuenta de la casa de valores Financial Pacific (FP).
SE VIOLARON LAS NORMAS
A la vez, se determinó que no hubo un estricto cumplimiento de las normas de la CA para la entrega del citado crédito, ya que los desembolsos se ejecutaron sin haberse entregado los permisos requeridos para iniciar la construcción de la obra, y sin que el contrato estuviese inscrito, ya que a la escritura le hacía falta la firma del subgerente de la CA, Rodrigo Arosemena.
¿POR QUÉ FRANCOLINI?
El documento también hace referencia a que la vinculación de Francolini al caso se encuentra acreditada en base a una inspección ocular que el Ministerio Público hiciera en el Ministerio de Economía y Finanzas, donde se examinó el Decreto Ejecutivo No. 88 del 21 de julio de 2009, con el que se nombró a la junta directiva de la CA.
La fiscalía también se apoyó en la copia autenticada de las actas de la reunión que realizó la directiva del banco el 11 de diciembre de 2012, con la que se aprobaron los créditos y que Francolini, en calidad de presidente de esa junta, avaló.
El Ministerio Público también sustentó la vinculación del empresario en el hecho de que un informe preliminar de auditoría elaborado por la Gerencia de Banca Corporativa, con fecha del 25 de septiembre de 2014, reveló que el préstamo hecho a HPC Contratas es uno de los expedientes que no “evidencian la documentación requerida para la aprobación del crédito”.
La fiscalía también cita otros documentos, como la escritura pública del 28 de diciembre de 2012, con la que la CA celebró el contrato para la construcción del centro de convenciones con la mencionada empresa, entre otros documentos.
Sobre el peculado agravado
El peculado agravado es una de las modalidades de peculado que establece nuestro ordenamiento jurídico, según consta en el artículo 338 del Código Penal. La conducta típica que se persigue es la que realiza el “servidor público que sustraiga o malverse de cualquier forma, o consienta que otro se apropie, sustraiga o malverse de cualquier forma dinero, valores o bienes…”. Este patrimonio debe tener alguna vinculación con el Estado o los municipios.
Si el monto objeto del peculado supera los 100 mil dólares se considera que es un peculado agravado y tiene como sanción una pena de prisión de 8 a 15 años.
En el caso de la banca estatal, es posible que el peculado se perfeccione de tres formas: el aprovechamiento ilícito de los bienes o fondos del banco; la desviación de los fondos provenientes de un crédito para fines distintos de los que estableció el contrato de préstamo entre el banco estatal y el deudor; y, el cobro de comisiones o sobornos por parte de las personas responsables en forma directa e indirecta de desembolsar el crédito. En estos casos, el peculado ocurre aun cuando el préstamo le fuera pagado en su totalidad al banco.
El autor es abogado
