La defensa de Valentín Martínez, condenado a 80 meses de prisión por el caso New Business, logró que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia realizara una audiencia de revisión de la sentencia dictada por la juez Baloisa Marquínez.
Fuentes del Órgano Judicial confirmaron que durante la audiencia celebrada recientemente, Rosendo Miranda, abogado de Martínez, presentó pruebas argumentando que la sentencia aplicada a su cliente debería ser revocada debido a la ausencia de un delito precedente relacionado con el blanqueo de capitales.
La defensa aportó como evidencia un fallo del Segundo Tribunal Superior de Justicia, con fecha 24 de octubre de 2019, que alegaba que en el caso de la Ciudad Hospitalaria no hubo una lesión patrimonial.
Durante el juicio del caso New Business, el abogado Miranda argumentó que, ante la ausencia de un delito precedente, su cliente debía ser absuelto. Sin embargo, solo se presentaron copias simples de los fallos de primera y segunda instancia, las cuales no fueron admitidas por la juez Marquínez por no cumplir con los requisitos legales.
En su fallo del 1 de julio de 2023, la juez Marquínez advirtió la existencia de indicios graves de corrupción de servidores públicos como delito precedente al blanqueo de capitales. En el período 2009-2014, un alto funcionario de la Presidencia había solicitado un porcentaje sobre todas las obras de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), incluyendo el proyecto Ciudad Hospitalaria.
Esto se corroboró con las declaraciones de los exdirectivos de FCC Julio Casla, Eugenio del Barrio y el testigo protegido FECDO-010-2020, quienes participaron en reuniones donde se solicitaron comisiones y mantuvieron contacto con los intermediarios.
El fallo de Marquínez también citó la declaración del testigo protegido FECDO-010-2020, quien afirmó tener conocimiento de una reunión entre el entonces presidente Ricardo Martinelli y los ejecutivos de FCC, en la que se les exigió un porcentaje sobre todas las obras, incluida la Ciudad Hospitalaria.
Del Barrio aseguró en una declaración jurada que Martinelli le indicó que Riccardo Francolini sería el intermediario para la Ciudad Hospitalaria y que se exigió un pago de $12 millones a cambio de la aprobación de la adenda del cambio del financiamiento del contrato. Para ello, se contrató a la firma Martínez Acha & Asociados, a través de un contrato sugerido por Francolini y firmado por Julio Casla, representante de FCC en Panamá.
Valentín Martínez, es hermano del ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez.
La sentencia de Marquínez relaciona esta situación con la participación directa de Martínez Vásquez en el delito de blanqueo de capitales, ya que su firma, Martínez Acha & Asociados, prestó servicios de asesoría a la sociedad Construcciones Hospitalarios S.A., encargada del proyecto.
También se menciona que Construcciones Hospitalarias transfirió dinero a la sociedad Clients Custody Account Inc., que giró cheques por $1.3 millones a favor de la sociedad Global Office Corp., depositados en la Caja de Ahorros como parte de un préstamo adquirido por esa sociedad, justificado a través de un contrato ficticio de promesa de compra entre Sparkroll International Group Corp., vinculada a Martínez Vásquez, y Global Office Corp.
En este caso, se impuso una condena de 128 meses de prisión al expresidente Ricardo Martinelli, 60 meses a Janeth Ibeth Vásquez Sanjur, 70 meses a Iván Arturo Arrocha Chevalier, y 96 meses a Daniel Ochy. También se condenó a seis años de prisión a los hermanos Nicolás y José Carlos Corcione Pérez Balladares y a Gonzalo Germán Gómez.
