De manera unánime los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazaron por improcedente una reconsideración presentada por la exministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Alma Cortés y Hernán García Aparicio, Ada Margarita Romero e Iván A. Gantes, condenados por el delito de peculado.
La decisión, que lleva la firma de las magistradas María Eugenia López, Ariadne García y Maribel Cornejo, desestimó una petición para que reconsiderara la pena de 32 meses de prisión impuesta a Cortés por el delito de peculado.
Ya el pasado 27 de agosto la Sala Penal había rechazado un recurso de casación presentado por Carlos Carrillo, abogado de Cortés, contra la condena impuesta por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales.
En esa ocasión las magistradas de la Sala Penal fundamentaron su decisión en los artículos 2430 y 2439 del Código Penal en los que se establecen una serie de requisitos por los cuales no se pueden admitir un recurso de casación si no se cumple con alguno de ellos.
Entre ellos figuran que el recurso debe mantener un historia concisa del caso, se determine la causal o causales para revocar la condena, se especifique los motivos, disposiciones legales infringidas y el concepto en que lo han sido.
En un fallo del 13 de diciembre de 2022, el Tribunal Superior de Liquidador de Causas Penales, integrado en ese momento por los magistrados Manuel Mata Avendaño, Secundino Mendieta y José Hoo Justiniani, revocó un fallo absolutorio dictado por el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales, tras concluir que los elementos de convicción recabados durante la investigación dan el grado de certeza para emitir un fallo de carácter condenatorio, remarcando que existen suficientes pruebas sobre la participación de los investigados en el hecho delictivo.
La investigación, que se inició en el año 2014, guarda relación con el cobro de viáticos para asistir a una serie de reuniones en la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza.
Cortés también mantiene esta llamada a juicio por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado.
Este caso se inició luego de que la Contraloría General de la República, a cargo de Federico Humbert, entregó en junio de 2016 copias de un informe de auditoría relacionado al patrimonio de Cortés.
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