La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de Justicia declaró ilegales otros tres ascensos otorgados por la Policía Nacional entre los años 2015, 2016 y 2017 a los rangos de mayor y tenientes. Entre estos figuran los otorgados a la mayor Mayinda De Gracia y a los tenientes Oliver Morales y Leonor E. Miranda.
A la revocatoria de estos ascensos se unen otros 14 casos de oficiales de la Policía Nacional que recibieron ascensos de manera “irregular” y que los magistrados de la Sala Tercera han revocado.
Entre estos se encuentran oficiales que fueron elevados a los rangos de comisionados. Además, mayores, capitanes y tenientes que fueron promovidos sin que contaran con los méritos y evaluaciones necesarias.
En el caso de los tenientes Oliver Morales y Leonor Miranda, el fallo detalla que se advierte el incumplimiento del mínimo de años de antigüedad en el servicio como oficial para ascender al rango de teniente como lo establece la Ley Orgánica (No. 18 de 3 de junio de 1997) de la Policía Nacional.
En este caso específico no se cumplió con el término de cuatro años de permanencia en la rango anterior para optar por un ascenso.
En el caso de la mayor Mayinda De Gracia se detalla que tampoco se cumplió con los años de servicio previo como oficial para ascender al rango de mayor.
Según el fallo para ascender al rango de mayor la Ley Orgánica de la Policía Nacional precisa que se debe permanecer como oficial un término de 14 años y cinco años en el rango anterior, pero que en el caso de De Gracia ella solo permaneció 10 años como parte de la oficialidad de la policía y, por ende, no podía aspirar al rango de mayor.
En diciembre de 2014 la Sala Tercera de la Corte hizo uno de sus primeros pronunciamientos en cuanto a una serie de demandas presentadas por el exministro de Seguridad, Rolando Mirones, contra una serie de ascensos otorgados dentro de la policía durante la administración del expresidente Varela (2014-2019).
En diciembre de 2019, seis meses después de la toma de posesión del presidente Laurentino Nito Cortizo, Rolando Mirones, entonces ministro de Seguridad Pública, presentó al menos 14 demandas contra los ascensos.
En ese momento, Mirones alegó que se había promovido a personas que no eran uniformados y que no habían pasado por la Academia de la Policía Nacional.
En esa ocasión se anunció que el Ministerio de Seguridad tenía previsto presentar unas 200 demandas por ascensos irregulares.
Las demandas incluirían ascensos de mayores, capitanes, sargentos y comisionados.
En las revisiones hechas a los ascensos se detectó que hay casos muy puntuales en que también se produjo el reintegro de funcionarios que tenían hasta 20 años fuera de la institución, quienes fueron reinsertados con el mismo rango y luego se les dieron ascensos.
Por estos casos la Fiscalía de Cuentas también abrió una investigación ante una posible lesión patrimonial ocasionada al Estado.
La fiscalía en abril pasado remitió una nota a la Contraloría General de la República en la que solicitó la realización de un auditoría, tras enumerar una serie de irregularidades en los ascensos realizados a favor de oficiales de la Policía Nacional, luego que se dieran los primeros fallos de la Sala Tercera de la Corte.
A la fecha se desconoce si, en efecto, la Contraloría acogió la petición de la Fiscalía de Cuentas para realizar una auditoría y determinar si existió una lesión patrimonial y determinar si existen méritos para iniciar un proceso contra los funcionarios que recibieron los ascensos.
