La noche del 2 de agosto de 2012, cuando La Prensa se disponía a poner en circulación su edición del 3 de agosto, una flota de camiones de Transcaribe Trading (TCT) bloqueó las distintas puertas de Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa), con el fin de impedir, por la fuerza, que el periódico llegara a la población y se informara así sobre los millonarios contratos obtenidos por David Ochy (dueño de TCT) con el Estado, además de sus maniobras para asumir el control del negocio del plátano en Barú, con la complicidad del Gobierno.
El bloqueo, en el que se usaron conos del Ministerio de Obras Públicas (MOP) para cerrar el paso, también afectó la circulación de Mi Diario y por espacio de tres horas imposibilitó que el personal de Corprensa pudiera entrar o salir del edificio con sus automóviles.
Algunos manifestantes ni siquiera sabían qué hacían ahí. Semanas después, un trabajador de TCT declaró al Ministerio Público, bajo juramento, que quien dio la orden de sitiar el periódico fue David Ochy y, por tanto, no se trató de una iniciativa de los trabajadores de la compañía.
El entonces presidente de la República, Ricardo Martinelli, se presentó al lugar, acompañado del diputado Sergio Chello Gálvez, que a la fecha presidía la Asamblea Nacional. También estaba el entonces director de la Policía Nacional, Julio Moltó, y, a lo lejos, José Raúl Mulino, ministro de Seguridad Pública de aquella época. Todos tuvieron dificultad para controlar la turba. Incluso, algunos inicialmente no intervinieron y simplemente contemplaban la situación, pese a que las acciones de TCT provocaron que la avenida 12 de Octubre, donde se ubican las oficinas y la rotativa de Corprensa, estuviera completamente cerrada al tráfico.
Al lugar también se acercó Juan Carlos Varela, que en esa fecha era vicepresidente de la República, así como el entonces diputado José Blandón; el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura, Irvin Halman; la presidenta del Colegio de Periodistas de Panamá, Grisel Bethancourt, y el presidente del diario La Estrella de Panamá, Eduardo Quirós, entre otros que fueron llegando a pie, cuando lo que estaba sucediendo empezó a ser comentado en las redes sociales, a esas horas de la noche. Ellos, a diferencia de Martinelli y Gálvez, sí se sumaron a los reclamos del personal de Corprensa para que se retiraran los camiones y se permitiera la libre circulación.
Finalmente, las ediciones de La Prensa y Mi Diario correspondientes al 3 de agosto de 2012 salieron a la calle, porque los trabajadores de Corprensa, con ayuda de los repartidores, amigos, familiares y lectores que estaban ahí, hicieron una cadena humana para sacar los ejemplares.
Estas acciones de TCT y sus trabajadores fueron consideradas por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) como unas “violaciones severas a la libertad de prensa y al derecho del público a la información”.
Ochy y su hermano Daniel luego reclamaron $6 millones a Corprensa por daño moral, supuestamente causado por unas publicaciones del diario La Prensa, los días 31 de julio y 1 y 2 de agosto de 2012, sobre sus contratos estatales para construir una carretera en Paso Canoa-Puerto Armuelles, por $114 millones. Fue precisamente a fin de impedir que se conociera esa información que en la noche del 2 y la madrugada del 3 de agosto de 2012, los camiones de TCT bloquearon el edificio de Corprensa. Más tarde, a mediodía del 3 de agosto, obreros de TCT sitiaron nuevamente las instalaciones de la corporación, en una manifestación que (nuevamente) afectó el libre tránsito vehicular.
El 25 de noviembre de 2015, la juez Decimotercera Civil, Melina Robinson, condenó a Corprensa a pagar $600 mil a los Ochy en concepto de daño moral, más la cancelación de costas legales por otros $60 mil. En ese entonces la juez dijo que las publicaciones vinculadas con los contratos estatales fueron “falsas, temerarias, injuriosas y denigrantes”, pese a que estas se ajustaban de forma rigurosa a documentos oficiales y se referían a asuntos de interés público.
Por tratarse de un fallo en primera instancia, fue apelado. De ese modo, el 27 de febrero de 2020, el Primer Tribunal Superior de Justicia revocó la decisión de la juez Robinson y consideró que La Prensa “se comportó de manera diligente en la elaboración de los textos periodísticos... cumpliendo así con el deber de diligencia en la búsqueda de la verdad, que le impone el Código de Ética del Periodista en Panamá”.
El fallo fue firmado por los magistrados Nelson Ruiz, Carlos Trujillo y Olga Rujano.
Los Ochy, en su demanda, se quejaron porque las publicaciones hacían referencia a TCT como “una de las grandes beneficiadas del plan de infraestructura que adelantó el gobierno de Ricardo Martinelli”. Respecto a este punto, los magistrados Ruiz, Trujillo y Rujano recordaron que, entre los años 2009 y 2012, a la constructora se le adjudicaron 41 contratos de obras públicas, por $465.6 millones. Antes, entre 2005 y 2008, sus contratos con el Estado sumaban $25.8 millones.
“Las informaciones (...) versaban sobre contrataciones públicas así como con el uso de fondos públicos, por tal razón, puede catalogarse como noticias de relevancia o interés público”, señaló el fallo. Por tanto, el derecho a la libertad de información y de prensa que le asiste a la demandada justifica la insatisfacción del derecho al honor e imagen que le asiste a los demandantes.
No obstante, pese a que han transcurrido 11 años, el caso no se ha cerrado.
Los Ochy presentaron una casación sobre aquel fallo del Primer Tribunal Superior, que está en la Corte Suprema de Justicia pendiente de resolver.
TCT ya no tiene el brillo que ostentaba en el gobierno de Martinelli. Incluso, hay un proceso por peculado respecto a uno de sus proyectos estrella: la rehabilitación de la autopista Arraiján-La Chorrera, en la que -según la investigación del Ministerio Público- se acreditó que hay un sobreprecio. Por ese caso hay un auto de llamamiento a juicio para los responsables de la constructora, por posible peculado en perjuicio del MOP.
Precisamente, la plata que pagó el MOP por ese proyecto, se utilizó para comprar las acciones de Editora Panamá América, S.A. (Epasa), en diciembre de 2010. En la investigación del caso denominado New Business, consta que Daniel Ochy, a través de TCT, transfirió $5 millones a la cuenta canasta habilitada, dinero que era producto de un adelanto de $22 millones que se le otorgó por el diseño y construcción de la autopista Arraiján-La Chorrera.
El pasado 17 de julio, la juez penal Baloisa Marquínez condenó a Daniel Ochy a 96 meses de prisión por blanqueo de capitales.
Su hermano David también es investigado en el caso New Business, pero todavía no ha sido enjuiciado, porque cuando se llevó a cabo el juicio anterior, entre el 23 de mayo y el 2 de junio de 2023, gozaba de fuero electoral penal como precandidato presidencial en las primarias de Realizando Metas, el partido que fundó y preside Martinelli. Martinelli también fue condenado por New Business, a 128 meses de prisión y al pago de una multa de $19.2 millones.
En tanto, la hermana de ambos, Dina Ochy, también es procesada, pero fue declarada prófuga por la juez Marquínez.
