La jueza de garantías Lorena Hernández se acogió este jueves 24 de junio a término para decidir si llama o no a juicio en el caso comida deshidratada a ocho personas, a quienes la Fiscalía Superior Anticorrupción investigó por una presunta lesión patrimonial al Estado panameño de $14.5 millones.
La Fiscalía pidió que se llame a juicio por los delitos contra la administración pública, diferentes formas de peculado, seguridad colectiva y tráfico de influencia.
El fiscal superior Anticorrupción Adecio Mojica detalló que se solicitó a la jueza que llamará a juicio a cinco exfuncionarios y tres particulares, quienes eran representantes legales de empresas.
Mojica recordó que esta audiencia preliminar comenzó el pasado 22 de junio.
Añadió que él explicó ante la jueza la solicitud de llamamiento a juicio para el citado grupo de ocho, la cual está contenida en la vista fiscal, que fue remitida en octubre de 2016.
Más temprano en el Juzgado Segundo del Primer Distrito Judicial de Panamá se realizó la audiencia del caso conocido como comida deshidratada.
Entre los que la fiscalía quiere que vayan a juicio están el exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN) Giacomo Tamburrelli.
El 17 de agosto de 2015 la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación de oficio por el contrato de 14.5 millones de dólares en comida deshidratada que hizo el PAN.
Las primeras investigaciones de la Fiscalía se sustentaron en una publicación de La Prensa, que reveló que ese negocio se “cuadró” seis meses antes de que el entonces director del Fondo de Inversión Social (FIS, luego PAN) Tamburrelli licitara el proyecto.
