En la sede del Segundo Tribunal Superior arrancó ayer el juicio a cuatro militares retirados acusados de la desaparición física del dirigente político Heliodoro Portugal, registrada en mayo de 1970 en las inmediaciones del café Coca Cola, corregimiento de Santa Ana, cuando supuestos miembros de los estamentos de seguridad de la dictadura lo subieron a un vehículo con rumbo desconocido.
El juicio comenzó luego de múltiples posposiciones debido a una serie de solicitudes para corroborar la identidad de los restos de Portugal, hallados el 22 de septiembre de 1999 en una fosa en el antiguo Cuartel de Los Pumas, ubicado en Tocumen.
Algunos testigos de la época alegaban que dichos restos pertenecían al sacerdote Héctor Gallego, también desaparecido a manos de funcionarios de seguridad del Estado y que fue visto por otros detenidos en una celda en ese sitio.
En el juicio, que se prolongará hasta el próximo viernes, se tiene previsto la evacuación de varios testigos, entre ellos, Patria Portugal, hija de la víctima, quien en 2020 se opuso a la exhumación de los restos de su padre para una prueba de ADN. Sin embargo, los análisis se realizaron y se confirmó la identidad.
Por la desaparición y muerte de Portugal, la fiscal primera de descarga, Geomara Guerra, formuló cargos a los militares retirados Pablo Garrido, Lucinio Miranda, Pedro Del Cid y Gabriel Correa. En este proceso también figura el militar retirado Melbourne Walker, quien solicitó un juicio en derecho y no por jurado de conciencia, por lo que su proceso se realizará de forma separada.
Como parte del caso también se declaró extinguida la acción penal al exdictador Manuel Antonio Noriega, quien murió en mayo de 2017, casi seis años después de haber sido extraditado de Francia.
Las investigaciones del Ministerio Público concluyeron que Portugal fue detenido por agentes del G2 de la Guardia Nacional, llevado al Cuartel de Los Pumas en Tocumen, donde fue sometido a torturas, falleció y lo sepultaron en el área conocida como el Motor Poll.
Portugal era un conocido dirigente político, crítico de la dictadura, por lo que era vigilado por los estamentos de seguridad del Estado.
El 12 de agosto de 2008, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado panameño por su desaparición e impuso medidas de reparación a sus familiares.
