A partir de hoy, jueves, comienza a correr el término de 10 días para que los interesados presenten sus opiniones respecto a la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el expresidente Ricardo Martinelli. Esta busca anular su condena por blanqueo en el caso New Business, alegando que se violó el principio de especialidad.
Fuentes del Órgano Judicial informaron que ayer concluyó la fase de publicación, en diarios de circulación nacional, de la convocatoria para la presentación de opiniones relacionadas con la demanda de Martinelli.
Una vez concluida esta etapa, el magistrado Olmedo Arrocha, ponente de la demanda, iniciará la elaboración del proyecto de fallo, que luego será circulado entre los otros ocho miembros que conforman el pleno de la Corte. El magistrado ponente tendrá hasta 20 días para presentar su proyecto, el cual estará sujeto a objeciones por parte de los magistrados del pleno.
La demanda, presentada por la abogada Nadia Castillo en representación de Martinelli, solicita la nulidad de la orden de indagatoria y de la condena a 10 años y 8 meses de prisión por blanqueo de capitales a través de la sociedad New Business, utilizada para la compra de las acciones de Editora Panamá América. Castillo argumenta que Martinelli no podía ser procesado por este caso, ya que estaba protegido por el principio de especialidad establecido en el tratado de extradición suscrito entre Panamá y Estados Unidos en 1904.
Como parte del trámite, el procurador de la Administración, Rigoberto González, quien fue consultado para emitir opinión, consideró que la demanda de inconstitucionalidad no es viable. Según González, el principio de especialidad fue ampliamente debatido y resuelto durante el proceso judicial contra Martinelli por el caso New Business.
En su escrito, el Procurador también señaló que el proceso de inconstitucionalidad no está diseñado para revisar pruebas de un juicio, sino para salvaguardar la integridad de la Constitución. Además, destacó que, en el caso New Business, se presentaron múltiples acciones legales sin que se violaran las garantías fundamentales del exmandatario.
Tras ser condenado a 128 meses de prisión y al pago de una multa de $19.2 millones, Martinelli se asiló en la Embajada de Nicaragua en Panamá, alegando persecución política. Desde su refugio, el pasado 17 de febrero, ha mantenido una activa participación política con miembros del Partido Realizando Metas (RM).
Martinelli también deberá enfrentar un juicio en enero próximo por presunto blanqueo de capitales vinculado al pago de sobornos por parte de la empresa brasileña Odebrecht durante su administración.
