La Comisión Especial Evaluadora del Pacto de Estado Por la Justicia −que evaluará a los aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)− fue instalada de manera oficial este jueves 3 de junio de 2021.
El Ejecutivo convocó a la comisión evaluadora para analizar el perfil de los candidatos que reemplazarían a Hernán De León y Luis Ramón Fábrega en la CSJ, a quienes se les vence su periodo el 31 de diciembre próximo.
A esta primera reunión, que se llevó a cabo en la sede de la Procuraduría de la Administración, asistieron representantes de los 12 sectores que forman parte de ese grupo.
Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados y vocero de la comisión, informó que la presentación de las hojas de vida de los aspirantes se inicia este viernes 4 de junio. Los interesados deberán llevar sus papeles al Centro de Investigación y Capacitación de la Procuraduría de la Administración en Llanos de Curundú, en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Araúz dijo también que los criterios que se tomarán en cuenta giran en torno a la experiencia, perfiles, visión crítica sobre el estado de la justicia y los aportes que se puedan realizar.
Sobre el tiempo que van a requerir para esta evaluación, el abogado dijo que va a depender un poco del número de aspirantes que puedan presentarse.
Hay que recordar que la comisión está integrada de la siguiente manera: por el procurador general de la Administración, Rigoberto González, que la presidirá; un representante del Ejecutivo, del Legislativo, así como del Judicial; un representante de la Procuraduría General de la Nación; el defensor del Pueblo; un representante de los decanos de la facultades de derechos de las distintas universidades acreditadas con más de 15 años de servicio al país, escogido por el Consejo de Rectores.
También la compone un representante del CNA; un representante de la Asociación Panameña de Magistrados y Jueces; un representante de la Alianza Ciudadana Pro Justicia; un representante del sector laboral, escogido mediante consenso de los grupos obreros organizados, coordinado por el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados y un representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada.
Como observador y garante de las decisiones que se tomen en la comisión especial de evaluación, durante el proceso, participará un representante del Comité Ecuménico.
