Pese a que una juez civil negó la indemnización de $5.5 millones que el expresidente Ernesto Pérez Balladares reclama desde hace 11 años a Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa) y lo condenó a pagar $581 mil en costas, el secuestro sobre bienes y cuentas de La Prensa y Mi Diario se mantiene.
Ello es así porque aunque la juez Lina Castro De León determinó, el 23 de junio pasado, que las publicaciones no le causaron un daño moral a Pérez Balladares, en la parte resolutiva de ese fallo no se adopta una decisión respecto al levantamiento del secuestro civil que ella misma ordenó, hace ya tres años, por una concurrencia de hasta $1.13 millones, sobre bienes y cuentas de Corprensa.
En esa parte resolutiva, la juez sí niega el reclamo de Pérez Balladares y le condena a pagar $581 mil en costa a favor de Corprensa, así como otros gastos derivados de este proceso.
El secuestro fue decretado formalmente el pasado 22 de junio, por la juez Castro. Como parte de ese proceso, Pérez Balladares aportó una fianza por un monto de $200 mil de la Compañía Internacional de Seguros, S.A., para garantizar el pago de los posibles daños y perjuicios que pudieran ocasionarse como consecuencia del secuestro practicado.
La vigencia del secuestro fue confirmada por José María Castillo, abogado de Pérez Balladares, en un video divulgado en el sitio toroperezballadares.com.
“Hoy nos hemos notificado del fallo. Hemos apelado. Esta apelación, por ley, se concede en efecto suspensivo. El proceso continúa, el secuestro continúa interpuesto”, indicó Castillo.
Como la decisión de la juez Castro es en primera instancia, todavía cabe la apelación en el Tribunal Superior. La última instancia, explicó Castillo, la Corte Suprema de Justicia, donde habría lugar para una casación.
De hecho, cuando la juez ordenó el secuestro civil contra Corprensa, lo hizo pese a que entonces no había sentencia alguna contra la parte demandada y a que el caso se encontraba en primera instancia. El propio Castillo reconoció en el video que, por siete años, el caso estuvo “paralizado”, por causas “atribuibles al tribunal”.
Castillo también se refirió al “reto” que representa “enfrentar a un diario como La Prensa, ya sea como demandante, como abogado y como juez”.
“Es un medio que te va a tratar de atacar, de distorsionar tu imagen moral, de desvirtuarte frente a tu sociedad, tu familia, tus amigos… Pero creo que alguien tiene que hacerlo. Todos los medios tienen que regirse por lo que dice la ley”, indicó el abogado.
No obstante, en su fallo de 39 páginas, la juez Castro determinó que las publicaciones de La Prensa que, según el demandante, le causaron un daño moral, fueron extraídas de la vista fiscal del 28 de febrero de 2011 que elaboró la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, sobre los fondos provenientes de salas de juego que fueron beneficiadas con concesiones durante la administración de Pérez Balladares.
“Este tribunal no puede colegir que la hoy demandada haya realizado señalamientos falsos, ya que es claro que dicha información se extrajo de la Vista Fiscal Ampliación No. 6 del 28 de febrero de 2011, en la cual inclusive se incluyen imágenes de los cheques”, señala la juez Castro.
La juez también se refirió a la aplicación del estándar de la “real malicia”, es decir, “demostrar que quien se expresó lo hizo con plena intención de causar un daño y conocimiento de que se estaban difundiendo informaciones falsas o con un evidente desprecio por la verdad de los hechos”. Este estándar “le impone al que se sienta agraviado que acredite la culpa grave”, recordó la juez.
El Consejo Nacional de Periodismo (CNP) advirtió que el secuestro civil era señal de un “Estado fallido”, ya que comprometía la labor y circulación de La Prensa y Mi Diario. Otro gremios, como la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, lo consideró un atentado a la libertad de expresión.
