El juez federal Raymond Dearie negó una solicitud de fianza (la segunda presentada en una semana) a favor de Luis Enrique Martinelli Linares, durante una audiencia (virtual) celebrada este martes 23 de noviembre.
Dearie consideró que todavía existe la posibilidad de que el acusado se evada del proceso que se le sigue en la Corte del Distrito Este de Nueva York (Brooklyn), por presuntamente formar parte de la red de blanqueo y sobornos, confesada por Odebrecht en diciembre de 2016. No obstante, el juez comunicó que está dispuesto a revisar la solicitud de fianza en una audiencia (esta vez, presencial), que se celebrará el 14 de diciembre.
El acusado no siguió la transmisión de la audiencia (virtual), porque -según informó su abogado, James McGovern- está en régimen de confinamiento en el Centro Metropolitano de Detención, de Brooklyn, donde ingresó el 15 de noviembre pasado, cuando llegó extraditado de Guatemala. La Prensa posteriormente conoció que Martinelli Linares está en confinamiento unicelular desde el pasado viernes, 23 horas al día, con derecho a ejercicio, ducha y rezo. Se desconoce por qué se le aplicó esta medida administrativa y por cuánto tiempo estará bajo esas condiciones.
McGovern propuso un paquete de fianza que incluye la consignación de una fianza de $1 millón y el compromiso de permanecer, a disposición del tribunal y con un brazalete de localización, en una casa de $2 millones, propiedad de un amigo. Sobre sus pasaportes, informó que la madre del acusado los envió, vía Fedex, para que sean entregados a la Corte.
Los fiscales se opusieron a la concesión de la fianza.
En sus primera intervención ante el juez Dearie, el abogado McGovern señaló que su cliente tuvo una estrecha colaboración con el Departamento de Justicia estadounidense (DOP, por sus siglas en inglés), hasta que salió del país, en junio de 2020, por -según el letrado- “problemas migratorios”. Recordó que los hermanos Martinelli Linares fueron detenidos por agentes Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en Miami, en noviembre de 2018, y desde entonces y hasta que salieron del país, las autoridades no ofrecieron ayudarles a resolver su estatus migratorio.
Alega que su cliente tomó la decisión de salir de Estados Unidos, porque fue informado que él y su esposa serían deportados el 15 de mayo de 2020, pese a que desde el 7 de mayo de ese año -según él-, ya estaba listo el acuerdo de culpabilidad.
McGovern sostiene que su cliente está en disposición de declararse culpable, de por lo menos un cargo, a cambio de una sentencia de 16 meses de prisión. No obstante, la semana pasada, en la audiencia de arraigo ante la magistrada juez Marcia Henry, se declaró no culpable de los cinco cargos en su contra.
“Él tenía una orden de deportación y, por otro lado, el DOJ le decía que tenia que quedarse”, señaló McGovern, quien agregó que su cliente incluso esperaba que se le otorgara un asilo, para así permanecer en el país. Nada de eso ocurrió.
“No podía quedarse a esperar que el ICE llegara a su casa en Miami, a llevarse a su esposa e hijas [de 5 y 3 años de edad]. Como padre, entiendo esa posición”, agregó.
Advirtió que su cliente no fue entregado a las autoridades panameñas en noviembre de 2018, cuando fue detenido por los agentes migratorios de ICE, pese a que Panamá ya había solicitado la extradición de los hermanos Martinelli Linares.
McGovern también explicó que el acusado está en disposición de entregar $19 millones en decomiso, pero advirtió que la mayor parte de esos fondos no están en Estados Unidos. Incluso, detalló que mientras estuvo detenido en Guatemala, esperando a que se completara su extradición, hizo diligencias para entregar unos dineros depositados en Suiza.
Agregó que Luis Enrique estaba dispuesto a vender su apartamento en Miami, pero el DOJ lo impidió. Según la acusación, ese condo y un yate fueron adquiridos con plata de Odebrecht.
Según este abogado, Luis Enrique Martinelli Linares estaba decidido a retornar a Estados Unidos cuando fue capturado en Guatemala, pero las autoridades rechazaron su petición y optaron por completar una extradición “forzosa”.
La fiscal Alixandra Smith se opuso a la fianza propuesta y dijo que todos estos argumentos ya fueron presentados en la audiencia con la magistrada juez Henry, quien mantuvo la orden de detención. Advirtió que no hay garantías que el acusado permanezca en el país y recordó al juez que ya se le negó fianza a otro procesado por los sobornos de Odebrecht, pese a que ofreció un paquete de $30 millones.
“Tiene mucho dinero. Incluso para huir en medio de un proceso de negociación”, señaló la fiscal, quien contó que cuando los Martinelli Linares escaparon a las Bahamas, en junio de 2020, lo hicieron en un yate adquirido con los sobornos que pagó Odebrecht.
La fiscal advirtió que la fuga ha sido uno de muchos “esfuerzos” puestos en marcha por los hermanos, para evadir las acusaciones. Incluso, restó importancia al hecho de que los pasaportes sean entregados a la Corte, dado que si se vuelven a evadir, no tendrían problema en obtener nuevos documentos, con las actuales autoridades panameñas.
Sobre la concesión de un asilo a favor del acusado, la fiscal informó que eso será valorado después de la firma del acuerdo de culpabilidad y negó que hubiese intención de deportar al acusado y su familia.
Luego de escuchar a las partes, el juez Dearie mencionó que el acusado ha demostrado que se puede evadir del proceso y resaltó que la fuga, vía las Bahamas, en junio del año pasado, fue cuidadosamente planeada. “Su familia está en Panamá... eso es un incentivo para volver a ese país”, indicó.
Martinelli Linares está en el centro de detenciones de Brooklyn desde el 15 de noviembre pasado, cuando llegó extraditado de Guatemala a Estados Unidos. Su hermano permanece en Guatemala, esperando a que se formalice su entrega.
