Nuevo capítulo en la guerra epistolar entre el procurador de la Administración, Rigoberto González, y el contralor general de la República, Gerardo Solís, por la fiscalización de los gastos de movilización y otros beneficios que reciben alcaldes y representantes de corregimiento.
Dado que el contralor se ha negado a atender las preguntas que, sobre este tema, le ha enviado en varias ocasiones la Procuraduría de la Administración, González recordó que él tiene la función constitucional de vigilar la conducta oficial de los servidores públicos y velar que todos desempeñen “cumplidamente” sus deberes. Y una de las funciones privativas de la Contraloría, remarcó, es la fiscalización, regulación y control del manejo de fondos y bienes públicos.
“Señor contralor, cumpla usted con sus funciones, que yo seguiré desempeñando las mías”, escribió González en una nota a Solís, enviada este martes 25 de enero de 2022.
González le pide a Solís que presente las denuncias sobre cualquier irregularidad que haya podido cometer como procurador de la Administración y así “evitar hacer insinuaciones infundadas en contra del desempleo de nuestro cargo”.
Desde el año pasado, González ha enviado notas a Solís, para preguntar por la fiscalización de los gastos de movilización que se asignan los representantes y alcaldes del país. El contralor no ha dado respuesta a las preguntas y, en cambio, ha reprendido al procurador. La última vez, Solís le escribió: “resulta curioso que inicie usted una investigación preliminar solicitándome a mí que le suministre yo a usted, información respecto de normas del ordenamiento jurídico, cuando es usted mismo quien tiene la obligación de mantener sistematizadas esas normas. Por lo que más bien pareciera que usted debe investigar por qué no tiene en la Procuraduría esa información, como es su obligación legal”.
Solís incluso se quejó porque la Procuraduría de la Administración no requirió esa información cuando Federico Humbert fue contralor (2015-2019) y -según él- los gastos de movilización se aumentaron de $3,000 a $5,000, al mes.
Nuevo capítulo en la guerra entre el procurador de la Administración, Rigoberto González, y el contralor, Gerardo Solís, por la fiscalización de los gastos de movilización y otros beneficios que reciben alcaldes y representantes. #LaPrensaSecuestrada https://t.co/BKTTnyHwRl pic.twitter.com/JgMMpRQUTC
— La Prensa Panamá (@prensacom) January 25, 2022
Pero en la réplica enviada este 25 de enero, González respondió a Solís que no es cierto que la Procuraduría de la Administración haya guardado silencio sobre ese tema. Recordó que incluso envió su opinión a la Corte, el 16 de febrero de 2018, con motivo de una demanda de nulidad que un año antes interpuso Humbert contra el Acuerdo 72 de 30 de diciembre de 2016, del Municipio de Arraiján, que aprobó el presupuesto para la vigencia fiscal 2017. González pidió a la Corte declarar la nulidad de dicho acuerdo municipal, por considerar que ese gasto no se ajustaba a las normas de administración presupuestarias, consignadas en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias del Gasto Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
“Pretender incluir un desglose fijo mensual asignado a un funcionario en particular y en un ‘objeto de gasto’ distinto, pese a que las asignaciones tienen que ser globales, es contrario a la propia descripción de clasificaciones, es decir ‘servicios uno personales”, opinó González en aquella vista del 16 de febrero de 2018, enviada a la Corte, instancia que nunca resolvió el fondo del asunto: en octubre de ese año, declaró sustracción de materia, dado que el acuerdo municipal demandado por Humbert solo tenía vigencia respecto al presupuesto del Municipio de Arraiján, para el año fiscal 2017.
No fue la única vez que González emitió opinión sobre ese tema. Posteriormente, absolvió una consulta de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) sobre el fundamento legal de los gastos fijos de movilización. Insistió que ese gasto no está en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias .
“Resulta inviable otorgar ‘gastos de transporte’ o ‘movilización’, cuando estos traslados son realizados con vehículos asignados a la entidad, con el fin de que los empleados puedan llevar a cabo determinada tarea, pues se estaría afectando fondos públicos en el presupuesto municipal”, escribió el procurador a la Antai, según él mismo transcribe en su nota al contralor, y agregó que destinar montos tan elevados de manera mensual, para cubrir este gasto, “pone en riesgo el patrimonio de los municipios, pues es sabido que muchos de estos municipios son subsidiados y enfrentan limitaciones económicas y necesidades que no pueden ser sufragados por falta de presupuesto”.
Las diferencias entre Solís y González tienen su origen en una denuncia que presentó el abogado Ernesto Cedeño, en la que pide examinar la conducta de los funcionarios de la Contraloría y de los gobiernos locales, en torno al manejo de los gastos de movilización y otros beneficios.
Según datos de la propia Contraloría, la partida de movilización para los alcaldes y representantes del país cuesta $1 millón 26 mil al mes ó $12.3 millones al año. Algunos alcaldes ganan más que el presidente de la República y que los magistrados de la Corte. El de Panamá, José Luis Fábrega, por ejemplo, gana $10 mil 250 al mes. En gastos de movilización recibe $5 mil, al igual que los 26 concejales del distrito capital.
En diciembre pasado, el procurador envió la denuncia de Cedeño a la Corte Suprema de Justicia, a raíz de que el contralor alegó que González no tiene competencia para investigarlo. Sacó a relucir la nueva Ley 258 de 26 de noviembre de 2021, que le da a la Corte la potestad de investigar las faltas administrativas de altos funcionarios, entre ellos, el contralor. Incluso, Solís le dijo a González que si insistía en la investigación, incurriría en “un acto justiciable”.
Solís sufrió un revés cuando el 4 de enero pasado, la nueva presidenta de la Corte, María Eugenia López Arias, devolvió a González la denuncia presentada por Cedeño. López argumentó que los artículos 86 y 87 del Código Judicial, sobre las atribuciones de los magistrados de la Corte, no establecen que tienen que investigar la conducta oficial de los funcionarios. Por esta razón, González reasumió la pesquisa.
Solís intenta buscar otras vías para no atender el cuestionario del procurador.
Lo último que dijo, es que ordenó la suspensión de los gastos de movilización desde el 20 de enero pasado.
