Una solicitud de medidas cautelares a favor de la población panameña y de la corporación La Prensa S.A. fue enviada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de la acción judicial de secuestro contra las cuentas de esta casa editorial por parte del expresidente Ernesto Pérez Balladares.
La petición fue enviada este lunes, 6 de julio al secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abräo, por el abogado Félix Wing, quien en la sustentación recordó que existen jurisprudencia para garantizar la libertad de expresión y de pensamiento.
La acción busca que la CIDH se pronuncie con la finalidad de que el Estado panameño, como signatario de acuerdos internacionales, evite una afectación a la libertad de expresión y a Corprensa.
Wing resalta que la medida cautelar de secuestro sobre los activos de la corporación “constituye una restricción ilegítima, innecesaria y desproporcionada del derecho de expresión por vías o medios indirectos”.
“En el caso presente, se configura el presupuesto de urgencia, por cuanto la MEDIDA CAUTELAR DE SECUESTRO sobre los activos de la sociedad CORPORACIÓN LA PRENSA, S.A. se ejecuta inaudita altera pars, es decir, sin escuchar a la contraparte, razón por la cual la normal operación del DIARIO LA PRENSA se ha visto afectada, a tal punto de impedir el pago de salarios a sus colaboradores y el cumplimiento de sus compromisos con sus proveedores, todo lo cual hace peligrar su continuidad como medio de comunicación independiente”.
Wing le solicita a la CIDH que adopte de forma inmediata, medidas cautelares para proteger el acceso al derecho a la Libertad de Pensamiento y de Expresión de la población panameña, y en especial de la sociedad corporación La Prensa, S.A., que edita los diarios La Prensa y Mi Diario.
“Requerir al ESTADO DE PANAMÁ investigar la totalidad de los hechos descritos en la presente solicitud, y proceder a identificar, sancionar y juzgar a todos los responsables, tanto intelectuales como materiales, e informar a la Ilustre CIDH al respecto, exigiéndole, además, las garantías de no repetición que se estimen necesarias.
Lea aquí la solicitud ante la CIDH
Ese secuestro fue decretado por la juez Decimoquinta Civil, Lina E. Castro De León, como parte de una demanda civil que presentó hace ocho años, por presuntos daños y perjuicios Pérez Balladares.
Este proceso está en una primera instancia y está pendiente de la práctica de pruebas y aún no se ha dictado una condena ni se ha probado que Corprensa ha cometido un delito.
El pasado sábado, Corprensa fue notificada del oficio de secuestro de todas sus cuentas bancarias por el monto de $1,130,000, así como las acciones de una subsidiaria dueña del terreno y el edificio donde se ubican las salas de redacción y la rotativa de La Prensa y Mi Diario. La acción detuvo en el acto la capacidad de la corporación para recibir y girar pagos.
Este lunes se presentó una fianza por $1.13 millones, junto a la petición de levantamiento de secuestro, en el Juzgado Decimoquinto Civil.
