Por segunda ocasión, el Juzgado Decimosegundo Penal suspendió la audiencia preliminar a Adolfo Chichi De Obarrio, exsecretario privado del expresidente Ricardo Martinelli, y otras cinco personas investigadas por la posible comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de enriquecimiento injustificado.
La audiencia, programada para este miércoles 8 de agosto, no pudo llevarse a cabo esta vez porque la Corte Suprema de Justicia todavía no se ha pronunciado sobre un amparo de garantías constitucionales presentado por uno de los acusados, Mike Btesh Btesh.
"Hasta tanto esa decisión no salga, no se realizará la audiencia", señaló el fiscal anticorrupción Javier Mitre Burgos.
El Fiscal Anticorrupción, Javier Mitre Burgos, en representación de la @PGN_Panama, les explica a los medios por qué fue suspendida por segunda vez la audiencia contra 6 personas, entre ellas, un ex secretario presidencial por el delito de Enriquecimiento Injustificado. #VIDEO 👇 pic.twitter.com/IJbMEhla9X
Btesh Btesh compareció esta mañana junto a su abogado, José María Castillo, y no quiso ser retratado por los fotógrafos que cubrían el acto para diversos medios de comunicación.
"Hay un montón de apelaciones en la secretaría, decisiones sobre bienes, acumulación, un montón de situaciones", dijo Castillo.
Se suspende por segunda vez audiencia por enriquecimiento injustificado contra 6 personas, entre ellos, el exsecretario presidencial) por un Amparo de Garantías presentado por un abogado defensor. El Fiscal Anticorrupción, Javier Mitre Burgos, pediría llamamiento a juicio. pic.twitter.com/vR7uh1YxnX
Además de De Obarrio y Btesh Btesh, están imputados la madre y la esposa del exsecretario de Martinelli -Silvana Manzini de De Obarrio e Ivette Barsallo Fábrega, respectivamente-; María Alessandra Salerno, y Gabriel Btesh Btesh, hermano de Mike.
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El paradero de Chichi De Obarrio es desconocido. El juez decimoquinto penal Leslie Loaiza giró oficios a cuatro entidades -Dirección de Investigación Judicial, Servicio Aeronaval, Servicio Nacional de Fronteras y Dirección General de Migración- para lograr su ubicación y captura, pero para que responda por otro caso: el de la compra irregular de mochilas con fondos del Programa de Ayuda Nacional (PAN).
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La investigación por enriquecimiento injustificado a De Obarrio se deriva de una auditoría realizada por la Contraloría General de la República, que da cuenta de que el exfuncionario no podría justificar al menos 3 millones de dólares.