El Juzgado Decimocuarto Penal suspendió la audiencia programada para este miércoles 20 de junio al exrector de la Universidad de Panamá (UP) Gustavo García de Paredes, por el proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito de peculado en el contrato de arrendamiento de tierras entre esa casa de estudios y el Consorcio Pacífico Atlántico.
La audiencia se suspendió porque la Fiscalía Anticorrupción presentó una apelación en contra de la admisión de un incidente de controversia introducido por Armando Fuentes, abogado de Roberto Alonso Jiménez, también imputado por este caso. El caso pasa ahora al Segundo Tribunal Superior de Justicia. Una vez sea resuelta la apelación, el juzgado agendará una nueva fecha para realizar la audiencia preliminar.
Una auditoría de la Contraloría calculó en $8.5 millones la posible lesión al patrimonio de la UP en la transacción para el alquiler de 21 hectáreas de terreno cerca del aeropuerto de Tocumen, al Consorcio Pacífico Atlántico, liderado por el empresario Herman Bern. El alquiler pactado fue de 18 centavos por metro cuadrado, a un plazo de 40 años.
La juez Vilma Urieta admitió el incidente de controversia presentado por el abogado Fuentes, al observar que la firma que refrenda los contratos no corresponde a la de Jiménez. Además -explica el Órgano Judicial en una nota de prensa- en el informe de auditoría de Contraloría, elaborado por Maribel Tuñón y Delia Herrera, éstas no hacen mención de Jiménez; "solo aluden a que el contrato bajo estudio no cumplía con los requisitos exigidos por la ley de contrataciones públicas".
"Se puede deducir... que los cargos formulados por la Fiscalía Anticorrupción de Descarga no son suficientes para vincular al encausado, toda vez que dentro del dossier no obra ni tan siquiera prueba indiciaria en su contra, toda vez que lo único que se ha podido probar dentro del cuaderno penal en su participación dentro de la sociedad bajo estudio", señala la nota de prensa.
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El 24 de diciembre pasado, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia le concedió un habeas corpus y le sustituyó al exrector la medida cautelar de arresto domiciliario por una de impedimento de salida del país en este proceso.
El exrector enfrenta otros procesos, por el contrato con la corporación Westminster S.A. para el arrendamiento de 2.9 hectáreas. En esta transacción, la Contraloría calcula en $1.2 millones la presunta lesión patrimonial.
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Además, enfrenta otra investigación por el contrato de alquiler con la empresa Parque Industrial y Corporativo Sur S.A. Aquí la posible lesión al patrimonio de la UP fue cifrada en $8.4 millones.
