La ausencia de abogados defensores de varios de los imputados por la presunta comisión del delito blanqueo de capitales en el caso Odebrecht obligó a la jueza tercera liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez, a suspender la audiencia preliminar de este proceso, que debía efectuarse ayer lunes 18 de julio.
El acto, que fue transmitido en directo por el canal de Youtube del Órgano Judicial, se inició a las 9:45 a.m. con la lectura del reglamento. Luego se pasó lista a los abogados e imputados que se encontraban en el salón del Tribunal Superior de Liquidación en el palacio de justicia Gil Ponce, en Ancón.
Marquínez advirtió que la suspensión de la diligencia se daba por la inasistencia de un grupo de abogados defensores, pero que dicha posposición solo se dará una vez, y de inmediato recordó la fecha alterna: del 12 al 30 de septiembre próximo.
No asistieron a la diligencia Roniel Ortiz, representante legal de Úrsula Banz y Aurora Muradas, amigas del expresidente Ricardo Martinelli y Fernando Carreiro Muradas (hijo de Aurora Muradas), quienes figuran en el listado de 50 personas para las que la fiscalía pidió el llamamiento a juicio. Banz, Muradas, y Carreiro remitieron al juzgado notas en la que comunican que rechazan la representación de un defensor público, ya que los tres habían dado poder a Ortiz para que los representara, pero este nunca se presentó.
En la tarde de ayer lunes, Ortiz remitió una carta a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en la que acusa a funcionarios del Juzgado Tercero Liquidador de filtrar información personal de su cliente Úrsula Banz.
Mientras que Alma Cortés, representante de Importadora Ricamar, por su lado, presentó una incapacidad médica del Centro Médico Especializado Plaza Cecilia. Pedro Meilán, defensor de Rodrigo Díaz Paredes, presentó excusa médica por covid-19.
No presentaron excusas Luis Eduardo Camacho González, ni Alejandro Pérez. El primero es el abogado sustituto de Ricardo Alberto Martinelli Linares, y el segundo defiende a María Rivera Vigas, amiga de Martinelli. La jueza Marquínez dijo que se multaría con $100 a aquellos abogados que no presentaron excusas por su inasistencia.
Martinelli y el fuero
Tampoco asistieron los expresidentes de la República Ricardo Martinelli (2009-2014), y Juan Carlos Varela (2014-2019), otros dos de los imputados por la supuesta comisión de blanqueo de capitales. Martinelli no se incluyó en la audiencia de ayer a raíz de que el juzgado está a la espera de que el Tribunal Electoral (TE) resuelva la apelación del levantamiento del fuero electoral penal al expresidente, prerrogativa que ya le rechazó una jueza electoral.
Según la apelación de Martinelli, que debe ser resuelta por los magistrados del TE (Heriberto Araúz, Alfredo Juncá y Eduardo Valdés), él gozaría de fuero por ser el presidente de Realizando Metas, partido político que por estos días celebra elecciones internas.
Mientras que Varela estuvo representado en la audiencia por el abogado Erasmo Muñoz.
Sobreseimientos
En el acto se conoció una resolución emitida el pasado viernes 15 de junio, en la que el juzgado concedió un sobreseimiento definitivo para ocho personas, en su mayoría exejecutivos de Odebrecht que se encargaron de gestionar los sobornos en Panamá y que en su momento dieron información relevante a la Fiscalía Especial Anticorrupción que lleva el caso.
También se otorgó un sobreseimiento provisional para otras 21 personas (ver tabla).
Los presentes
Algunos de los imputados estuvieron en la sala: los exministros Demetrio Jimmy Papadimitriu, Frank De Lima, y Carlos Duboy.
También estaban Roberto Brin, Evelyn Vargas Reynaga, Juan Carlos Espinosa, Alejandro Stanziola, Jaime Lasso, José Porta, Marcos Gámez y Angelina Valero de Gámez.
Mientras que el exministro Jaime Ford asistió a través de videoaudiencia, al igual que el exdiputado Jorge Alberto Rosas, Aaron Mizrachi, así como la abogada Abril Arosemana, que defiende a Marcel Halphen y Ana Isabel Suárez, hermana del exministro Federico Pepe Suárez.
Ante la jueza Marquínez también se presentaron Franklin Castrejón, abogado querellante, y Osvaldo Fernández, y Jaime Caballero, que representan a la constructora Odebrecht. Fernández dijo que también representa a André Rabello, exintendente de Odebrecht en Panamá.
La teoría
La fiscal anticorrupción Ruth Morcillo dijo que en la próxima fecha el Ministerio Público presentará su teoría del caso ante la jueza.
Mientras que los defensores tendrán la oportunidad de rebatir o argumentar los señalamientos hechos a sus clientes. La jueza, en tanto, deberá calificar el sumario.
La fiscal Morcillo adelantó que su despacho trabaja para incorporar como prueba la condena aplicada a los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli en los Estados Unidos, por conspiración para lavar dinero en el caso Odebrecht, pero que esto solo se podrá usar como evidencia en la fase de juicio.
Morcillo añadió que el Ministerio Público estaba preparado para sustentar su vista fiscal en la que se pide un llamamiento a juicio para 50 personas. También recordó que ya hay 12 personas condenadas por la vía de acuerdos de colaboración y de pena. Algunas ya han resarcido al Estado y cumplido con las penas de prisión correspondientes. Otras han sido enviadas a prisión por no cumplir con la devolución del dinero.
Es el caso de José Luis Saiz Villanueva, quien alcanzó un acuerdo de colaboración y pena, pero no cumplió con el acuerdo de devolución del dinero obtenido a través de las transacciones de Odebrecht.
La fiscal recordó, antes de entrar al salón de audiencias, que las 50 personas para las que se pedirá llamamiento a juicio “blanquearon sumas de dinero procedentes de la caja opaca de Odebrecht, y que merecen ser juzgados y castigados porque jugaron con los fondos del Estado panameño”.
Defensa
Algunos abogados defensores hablaron de “la inocencia” de sus clientes, dos de ellos fueron Roberto Ruiz Díaz, quien defiende a Frank De Lima, y Gladys Quintero, quien representa a José Porta. En el caso de De Lima, consta en el expediente que José Luis Saiz Villanueva confesó que servía de intermediario del exministro para recibir las coimas.
En tanto que Fernando Castrejón Aguilera, abogado querellante manifestó que con este caso se cometió una grave afectación al sistema económico panameño, pues se introdujo dinero ilícito que se intentó hacer pasar como bueno a través de múltiples transacciones bancarias y comerciales.
