El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial, desestimó una apelación de la fiscal especializada contra la delincuencia organizada, Sandy Cedeño, y mantuvo la medida cautelar de arresto domiciliario con posibilidad laboral a los médicos Walter Kravcio y Javier Alvarado. Ambos están imputados por la presunta comisión de los delitos de estafa agravada y blanqueo de capitales a través del presunto cobro irregular de servicios médicos a veteranos de guerra de los Estados Unidos (EU).
Los magistrados Yilis Pitti, Asunción Alonso y Carlos Barragán, desestimaron la solicitud hecha por la fiscalía de ordenar la detención preventiva de los dos médicos por considerar que los delitos imputados son graves y existe riesgo de fuga.
Los magistrados precisaron que en este caso la detención preventiva es una medida excesiva, pero que los abogados defensores tampoco pudieron aportar pruebas para variar la medida cautelar aplicada por el Juzgado de Garantía del pasado 10 de agosto.
La decisión se tomó este lunes 21 de agosto, durante una audiencia que se inició a las 8:30 a.m. y que se extendió hasta las 5:30 p.m. En esa diligencia judicial la fiscal insistió que en este caso los imputados ejecutaron “cobros innecesarios y duplicados” a veteranos de guerra de EU. Añadió que incluso, cobraron por servicios que no se prestaron.
A la vez, refirió que parte del dinero obtenido de estos servicios fue depositado en sociedades pantallas y que los cheques procedentes de esa actividad fueron mezclados con documentos de otras actividades para ocultar su procedencia.
También aseguró que su despacho se encuentra pendiente de practicar una serie de diligencias en las provincias de Colón y Chiriquí para recoger evidencias relacionadas con la investigación.
En tanto, Víctor Almengor, querellante en representación de los Estados Unidos, también abogó por aplicar la detención preventiva a ambos imputados.
Almengor relató que la investigación, que alcanza a otras 34 personas, reveló que subcontrataban a otros especialistas para prestar servicios a los veteranos de guerra, que se cobraban con sobreprecios.
Según Almengor las irregularidades investigadas arrojaron pérdidas para el programa de atención de los veteranos de guerra por $1 millón.
Por este caso, la fiscalía cautelo bienes por al menos $700 mil a cuatro sociedades que aparecen como receptoras de fondos provenientes del programa de atención a veteranos.
La palabra de la defensa
Por su parte, Abilio Batista, abogado Kravcio, aseguró que hay una mala interpretación de las autoridades de EU, sobre el servicio prestado por los médicos panameños.
Batista alegó que no existió una duplicidad en los servicios de neurocirugía prestados y que se cobró por servicios prestados por otros profesionales de la salud que participaban de tratamientos especializados.
Batista alegó que todo fue perfectamente legal.
Franklin Amaya, abogado de Alvarado, recalcó que la fiscalía violó los derechos fundamentales de su cliente, ya que no fue hasta cuando se le detuvo que conoció la existencia de la investigación.
Dijo que esta acción de la fiscalía viola el artículo No 10 del Código Procesal Penal, al señalar que el investigado tendrá derecho a conocer del proceso en su contra una vez este haya iniciado.
Tanto Amaya como Batista alegaron que ambos imputados son reconocidos médicos, tienen arraigo familiar en Panamá y prestan servicios especializados de salud, por lo que, añadieron, no existe riesgo de fuga.
Estimaron que una medida de notificación periódica ante el tribunal sería la más viable hasta concluir las investigaciones.
Demostrará su inocencia
El propio médico Walter Kravcio, en una breve intervención ante el tribunal, negó su participación en cualquier acto ilícito. Dijo que demostrará su inocencia y entregará prueba de ello a la fiscalía.
Kravcio sustentó que a través de los medios de comunicación se le ha hecho mucho daño. Sustentó que lo han presentado como un criminal sin darle oportunidad de defensa.
