El Primer Tribunal Superior de Justicia revocó una sentencia de una juez civil que condenó a Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa) a pagar $600 mil en concepto de daño moral, a los hermanos David y Daniel Ochy Díez, de la constructora Transcaribe Tranding, S.A. (TCT).
Los Ochy Díez originalmente reclamaban $6 millones, por unas publicaciones realizadas por el diario La Prensa, los días 31 de julio y 1 y 2 de agosto de 2012, sobre sus contratos estatales para construir una carretera en Paso Canoa-Puerto Armuelles, por $114 millones. Al día siguiente -3 de agosto de 2012-, los camiones de TCT bloquearon las instalaciones de Corprensa, para impedir que circularan los periódicos La Prensa y Mi Diario.
El Primer Tribunal Superior de Justicia consideró que el medio de comunicación “se comportó de manera diligente en la elaboración de los textos periodísticos.. cumpliendo así con el deber de diligencia en la búsqueda de la verdad, que le impone el Código de Ética del Periodista en Panamá”, señala el fallo del 27 de febrero de 2020, que firman los magistrados Nelson Ruiz, Carlos Trujillo y Olga Rujano De León.
De ese modo, el tribunal revoca un fallo de primera instancia, de la juez Decimotercera Civil, Melina Robinson, que el 25 de noviembre de 2015 condenó a Corprensa a pagar $600 mil a los Ochy en concepto de daño moral, más la cancelación de costas legales por otros $60 mil. Entonces la juez dijo que las publicaciones vinculadas con contratos estatales fueron “falsas, temerarias, injuriosas y denigrantes”, pese a que las mismas se ajustaban de forma rigurosa a documentos oficiales y se referían a asuntos de interés público.
En aquel momento, David Ochy no desmintió la información publicada, sino que criticó la prominencia dada a la misma y solicitó un derecho a réplica que no concretó.
Los demandantes estuvieron representados por José María Castillo, quien también representa al expresidente Ernesto Pérez Balladares en sus acciones judiciales contra Corprensa. Hace dos semanas, la juez civil Lina Castro De León ordenó un secuestro de las acciones y bienes por $1.13 millones de Corprensa, a favor de Pérez Balladares, por un litigio que presentó el exmandatario hace ocho años y que está en primera instancia, en fase de pruebas.
La juez Melina Robinson tomó en consideración que “la propia parte [es decir, Corprensa] reconoció que realizó” las publicaciones de los días 31 de julio y 1 y 2 de agosto de 2012, pero el Primer Tribunal Superior de Justicia advirtió que este reconocimiento “en modo alguno conlleva que se deba tener por probada la existencia de la obligación demandada, como erradamente lo entendió la juez primaria, toda vez que la obligación reclamada, si bien se origina por publicaciones efectuadas en los medios periodísticos antes citados de determinadas notas, no menos cierto es que se requiere, además, que las aludidas notas tengan un contenido falso, temerario, injurioso o denigrante, que infringe una lesión al derecho al honor y reputación de los demandantes”.
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Respecto a los señalamientos de la juez, de que las publicaciones fueron “falsas, temerarias, injuriosas y denigrantes”, el Tribunal señala en su fallo que los informes periciales aportados no dan cuenta que Corprensa -representada en este caso por el abogado Adán Arnulfo Arjona- haya utilizado calificativos denigrantes en contra de los demandantes.
Sobre las quejas de los Ochy, porque las publicaciones hacen referencia a TCT como “una de las grandes beneficiadas del plan de infraestructura que adelante el gobierno de Ricardo Martinelli”, el Tribunal contó que, entre los años 2009 y 2012, a la constructora se le adjudicaron 41 contratos de obras públicas, por $465.6 millones. Antes, entre 2005 y 2008, sus contratos con el Estado sumaban $25.8 millones.
“Conviene hacer referencia al hecho que las informaciones reveladas en los referidos medios periodísticos, versaban sobre contrataciones públicas así como con el uso de fondos públicos, por tal razón, puede catalogarse como noticias de relevancia o interés público”, señalan los magistrados Ruiz, Trujillo y Rujano De León.
Recalcan que en las publicaciones de La Prensa no se ha observado “un actuar negligente por parte de las demandadas, entendida éste como la falta de cuidado u omisión de aquella diligencia que correspondería a un buen padre de familia en el cumplimiento de sus obligaciones”.
La Prensa siempre ha sostenido que los artículos publicados sobre los contratos asignados a TCT por el gobierno de Martinelli, puntualmente el que se adjudicó para la rehabilitación de la carretera que une Puerto Armuelles con Paso Canoas, se sustentaron en información pública que reposa en el portal de Panamá Compra del Gobierno Nacional, en el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Contraloría General de la República. Adicionalmente, informó que los periodistas del diario realizaron un recorrido in situ en la zona donde se desarrollaron las obras, conocieron las opiniones de los lugareños y constataron el buen estado de la vía de 38 kilómetros que, posterior a las publicaciones, fue ampliada a un costo de $114 millones.
