El Primer Tribunal de Justicia no admitió un amparo de garantías constitucionales presentado por Mayté Pellegrini contra el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales que le negó un incidente de nulidad contra el proceso por el que fue condenada a 80 meses de prisión por delitos financieros en perjuicio de la liquidada casa de valores Financial Pacific.
A través del edicto No.24-326 colgado en el tablero del tribunal se informa a las partes de la decisión adoptada por esa instancia judicial, de no admitir el amparo interpuesto por la defensa de Pellegrini contra la decisión asumida por la juez primera liquidadora de causas penales, Agueda Rentería.
El fallo lleva la firma de los magistrados Janeth Torres, Carlos Pizarro y Guimara Aparicio, quienes decidieron no acoger el recurso interpuesto por el abogado Franklin Amaya, en representación de Pellegrini, ya que a su juicio el recurso presentado buscaba que el Tribunal se convierta en una nueva instancia judicial que revisara la actuación del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales.
El fallo destaca jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en la que se establece que lo hecho por un juez en materia de valoración, admisión de pruebas o interpretación de la ley no constituye una violación constitucional.
También detalla que en el recurso de amparo no están reunidos los presupuestos de admisibilidad para conocer la causa en el fondo.
El pasado 18 abril la juez Rentería sancionó a Pellegrini y a otras cuatro personas con una pena de 80 meses de prisión. En el caso de Pellegrini, por la comisión del delito financiero en perjuicio de la casa de valores FP.
La jueza también ordenó el comiso de varias fincas, apartamentos y cuentas bancarias pertenecientes a los imputados. Según la parte resolutiva de la decisión asumida por la jueza Rentería, estas propiedades fueron adquiridas con fondos pertenecientes a la casa de valores FP.
Según las investigaciones, Mayte Pellegrini, quien se desempeñó como jefa de tesorería de FP, utilizó bienes de esa casa de valores para crear una serie de negocios y comprar varios bienes inmuebles para beneficiar a sus familiares.
La liquidada casa de valores FP y sus directivos West Valdés e Iván Clare se vieron envueltos en una serie de investigaciones judiciales relacionadas con delitos de blanqueo de capitales, delitos financieros y estafa.
El pasado 15 de octubre el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales ordenó la reapertura de una investigación por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, en el que esa casa de valores se usó para la movilización de fondos procedentes de actividades ilícitas.
