El Primer Tribunal Superior de Justicia rechazó un amparo de garantías constitucionales presentado por la defensa del ciudadano uruguayo Juan Francisco Mutio, llamado a juicio por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales a través de la empresa brasileña Odebrecht.
A través de una resolución, con fecha del pasado 29 de noviembre de 2023, y bajo la ponencia del magistrado Miguel A. Espino, el tribunal negó el amparo que pretendía revocar una decisión de la jueza Baloisa Marquínez que rechazó un incidente de nulidad contra la orden de indagar a Mutio expedida por la Fiscalía Anticorrupción.
El Tribunal, integrado además por los magistrados Fernando Tatis y Janeth Torres, estimó que el recurso presentado por la defensa de Mutio no aportó copia debidamente autenticada del auto mixto de 7 de noviembre del 2022, por el cual se le negó el incidente de nulidad.
Mutio forma parte del grupo de 35 imputados que deberán comparecer al juicio a celebrarse del próximo 15 de julio al 23 de agosto de 2024 en el llamado caso Odebrecht, en el que también figuran imputados los expresidentes de la República Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019).
El uruguayo es mencionado como parte del esquema de blanqueo de capitales usado por la Caja 2 de Odebrecht para mover dinero por diversas sociedades.

En el caso de Mutio, se le vincula a la sociedad Sherkson Internacional, S.A. señalando que habría recibido fondos de Odebrecht que luego depositó en una cuenta en Suiza a nombre de Klienfeld Services Ltd, empresa creada en Antigua y Barbuda.
Según la fiscalía, el imputado era parte de los testaferros que movían dinero de la empresa brasileña. Las primeras transacciones se hicieron en mayo de 2007 cuando Sherkson recibió de Odebrecht tres depósitos por un monto total de $22.5 millones, que luego depositó en una cuenta a nombre de Klienfeld Services Ltd.
Mutio aparece junto al también uruguayo Andrés Norberto Sanguinetti, hermano del expresidente Julio María Sanguinetti, como presunto testaferro de Odebrecht en el manejo de fondos que se distribuyeron a diversas cuentas bancarias.
Inicialmente, este juicio se había programado del 1 al 18 de agosto de 2023, pero el 31 de julio, un día antes, se anunció su posposición, porque todavía la jueza Marquínez estaba analizando las pruebas aducidas por la fiscalía y los defensores de los imputados. El juicio quedó entonces para su fecha alterna: del 27 de septiembre al 17 de octubre, pero finalmente fue reprogramado para 2024, justo después del cambio de administración presidencial, lo cual ocurrirá el 1 de julio de ese año.