Los magistrados del Primer Tribunal de Justicia no admitieron un amparo de garantías constitucionales presentado por José Carlos y Nicolás Corcione Pérez Balladares contra la resolución expedida por la jueza segunda liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez, por la cual los llama a juicio por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales en el denominado caso New Business, por la compra de Editora Panamá América, presuntamente con fondos públicos.
En el fallo, con fecha del pasado 8 de mayo del 2022, lo magistrados del Primer Tribunal decidieron no admitir el amparo presentado por la defensa de los Corcione, alegando que el recurso fue presentado en términos en los que se pide al tribunal cuestionar la competencia de la autoridad demandada y que pretende que los magistrados incursionen en un análisis sobre los elementos valorados por la jueza Marquínez al emitir su criterio.
El fallo, bajo la ponencia del magistrado Miguel Espino, destaca que en innumerables ocasiones la Corte Suprema de Justicia ha señalado que el amparo no es una tercera instancia dentro del proceso ni una vía para cuestionar las valoraciones realizadas por juzgados o tribunales inferiores, sino que es una herramienta para analizar vulneraciones a las garantías constitucionales.
Los Corcione se encuentran en el grupo de 20 personas que deben comparecer a juicio este 23 de mayo, en el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales.
Recientemente, en este caso se desestimó una recusación contra la jueza Marquínez. El 23 de mayo es la fecha alterna, ya que el pasado 17 de abril se tenía que realizar la audiencia, pero los abogados presentaron estos recursos.
Durante la audiencia preliminar, celebrada en noviembre del 2022, el fiscal especializado contra la delincuencia organizada, Uris Vargas, aportó durante su alegato evidencias de cómo se habría gestado la compra de Epasa con millones de dólares del Estado, canalizados a través de la sociedad New Business.
En esa ocasión aseguró que ese dinero provenía de contratos otorgados a distintas empresas y sociedades para la ejecución de obras públicas.
De acuerdo con las pesquisas, a través de un complejo esquema de sociedades anónimas y cuentas bancarias, se transfirieron $43.9 millones para comprar el conglomerado editorial, monto del que hasta 2019 se había logrado recuperar “9.2 millones en acciones”, según la Fiscalía Anticorrupción.
El fiscal mencionó, específicamente, el contrato para la construcción de un nuevo edificio para la Asamblea Nacional, otorgado en 2010 a la empresa Constructora Corcione.
Igualmente, mencionó el caso de la empresa Transcaribe Trading (TCT), a la que se le adjudicó el contrato para la remodelación, diseño y construcción de la Autopista Arraiján-La Chorrera. Presuntamente, esta empresa también aportó a la canasta fondos asignados originalmente para el proyecto con el Estado.
Sobre este aspecto, refirió la declaración rendida por Danny David Cohen, quien -tras alcanzar un acuerdo de colaboración con la fiscalía- admitió que en 2010 recibió dinero de parte del David Ochy y posteriormente lo remitió a la cuenta No. 01-12-000087-6, a nombre de New Business Service Limited, para la compra de Epasa, previa solicitud de Gabriel Btesh Btesh, a quien el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) le habría requerido dicha gestión.
El fiscal añadió que de la sociedad Fursys Latin Corp. Inc. recibió la suma de $300 mil, y de Silver Bell Financial Corp., $350 mil. Estas sumas provenían de TCT, propiedad de David Ochy, y que luego fueron remitidas, de manera íntegra, en diciembre del 2010, a la cuenta de New Business.
Con estos elementos, en octubre de 2022, la jueza Marquínez fijó las fechas de audiencia para los 20 imputados, incluidos el expresidente Ricardo Martinelli y David Ochy, para el 17 de abril, cuya fecha alterna es el próximo 23 de mayo
