Adolfo Chichi De Obarrio, exsecretario privado del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), deberá enfrentar en 2023 dos juicios: uno por las irregularidades en la compra de mochilas escolares con fondos del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN) y otro porque no ha podido justificar la procedencia de su patrimonio.
En el primero se le investiga por la presunta comisión del delito contra la administración pública y en el segundo, supuesto blanqueo de capitales y enriquecimiento injustificado.
El juicio que tiene que ver con las mochilas del PAN se celebrará el próximo 16 de enero de 2023 en el Juzgado Primero Liquidador. Así lo determinó la titular de ese despacho, Agueda Rentería, quien también fue llamó a juicio por presunto peculado a Abraham Williams, antiguo asistente en el PAN y que ahora colabora como testigo del Ministerio Público.
El Edicto No. 1571 del pasado 2 de diciembre notifica que la fecha de audiencia en el caso de las mochilas será el 16 de al 20 de enero del 2023; como fecha alterna se estableció del 13 al 17 de febrero del 2023.
El juzgado también giró una asistencia internacional a Italia para notificar a De Obarrio del juicio.
La investigación dio comienzo el 5 de septiembre de 2014 por los supuestos sobrecostos en la adquisición de mochilas escolares, por un monto de $12 millones, por la Fiscalía Segunda Anticorrupción. En este caso se dio un sobreseimiento a otras 16 personas.
El otro juicio que deberá enfrentar el exsecretario de Martinelli es el proceso por la existencia de un presunto enriquecimiento injustificado del que derivó un delito de presunto blanqueo de capitales.
En el Auto No. 14 del pasado 14 de noviembre, la jueza Clelia De La Rosa también llamó a juicio a Ivette Barsallo y Silvana Mancini, exesposa y madre de De Obarrio, respectivamente. También incluyó en esa lista a María Alejandra Salerno Gómez, a quien ligó a la causa por la supuesta comisión del delito de enriquecimiento injustificado.
El informe de la Auditoría No. 04-2016 de la Contraloría General de la República planteó que De Obarrio obtuvo ingresos superiores a $3.7 millones mientras ejerció como funcionario, pero no pudo justificar la procedencia de estos fondos.
En ese documento se determinó que entre el 1 de julio de 2009 y el 30 de junio de 2015, el entonces secretario privado presidencial obtuvo recursos provenientes de fuentes conocidas por un millón de dólares, pero registró gastos por $4.7 millones. Es decir, existe una diferencia de $3.7 millones.
De Obarrio también mantiene un litigio legal por la custodia de su hija menor con su exesposa. El pasado 15 de noviembre, Barsallo contó en el programa radial del periodista Álvaro Alvarado que la jueza Matilde Sánchez, del Juzgado Primero de Niñez y Adolescencia, ordenó que la niña sea entregada a su padre, en Italia, como parte del proceso de restitución internacional promovido por De Obarrio.
Según Ivette Barsallo, el Ministerio Público participó en el proceso de restitución y opinó a favor de la entrega de la niña a De Obarrio. También contó que el exfuncionario participó de forma virtual, pese a que es requerido por otros procesos en los que nunca a dado la cara. La juez Rentería incluso lo declaro “en rebeldía”.
Posteriormente, el Ministerio Público abrió un proceso disciplinario a la fiscal Dora Santanach, que participó en el caso de restitución de la menor de edad y se designó a un nuevo fiscal, que presentó un recurso de apelación contra la decisión de entregar la menor a su padre.
De Obarrio se encuentra vinculado a otros procesos relacionados con el PAN por el presunto uso irregular de fondos de esa entidad y que fueron a parar a manos de particulares y exfuncionarios.
En 2021, De Obarrio fue detenido en Milán, Italia, a raíz de una orden expedida por el liquidado Juzgado Decimoquinto a través de Interpol, por un caso relacionado con el PAN, pero luego fue puesto en libertad al establecerse que la Asamblea Nacional no había ratificado el tratado de extradición suscrito entre Panamá e Italia, trámite que sí habían cumplido las autoridades italianas.
