El Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá ordenó admitir la denuncia civil que presentó el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, contra la exprocuradora general de la Nación, Kenia Porcell.
En julio de 2020, el Juzgado Tercero Civil, a cargo de la Ana Zita Rowe, no aceptó la demanda presentada por el abogado Alfredo Vallarino en representación de Martinelli. Rowe argumentó que no era competente para llevar el proceso y que se tenía que presentar el tema ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.
La decisión de Rowe fue apelada y, en un fallo del 4 de marzo de 2022, los magistrados del Primer Tribunal Superior, bajo la ponencia de Miguel Espino, sostuvo que si bien Porcell se desempeñó como procuradora desde el 1 de enero de 2015 hasta el 1 de enero del 2020, los hechos referidos por el demandante consisten en declaraciones realizadas por ella a título personal y no producto de un acto administrativo.
Es decir, Porcell brindó las declaraciones objeto de la demanda mientras ostentaba el cargo de procuradora, mas no en ejercicio de este, de modo que no le es aplicable el artículo 1635 del Código Civil, que señala que “el Estado, las instituciones descentralizadas del Estado y el Municipio son responsables cuando el daño es causado por conducto del funcionario a quien propiamente corresponda la gestión practicada, dentro del ejercicio de sus funciones”.
El Tribunal Superior concluye que la demanda interpuesta contra Porcell cumple con los requisitos exigidos para su admisión, “aunado a que de los hechos expuestos por el demandante no se desprende que existen reclamaciones contra el Estado, como erróneamente advirtió la juzgadora en su fundamentación sobre la no admisión de la presente demanda”.
El fallo de la juez Ana Zita Rowe, de mayo pasado, no solo no admitió la demanda civil, sino que dejó sin efecto el secuestro que pesaba sobre los bienes y cuentas de la exprocuradora. Rowe, además, declaró “inaceptable” la conducta desplegada por las partes y los abogados que intervienen en el proceso y solicitó al pleno de la Corte Suprema de Justicia que, con carácter urgente, “realice las acciones necesarias para tramitar amparo a la independencia judicial en la presente causa”.
De Martinelli, la juez resalta que su conducta refleja que utilizará el poder judicial “para amenazar u obtener fines distintos a la justicia”. Y de Porcell, que “no tiene derecho a defenderse acusando a la autoridad judicial de cometer delitos ni al sistema de justicia en general de perder la imparcialidad e independencia que deben caracterizar sus actuaciones”.
