El Primer Tribunal Superior ha revocado una sentencia en la que una juez civil ordenó a Ernesto Pérez Balladares pagar $581 mil en costas y gastos a favor de Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa) y, en su lugar, ha condenado a la empresa editorial a indemnizar con $5 mil al expresidente, en concepto de daño moral.
La decisión está consignada en un fallo de los magistrados Miguel Espino y Juan Carlos Tatis, del 16 de noviembre pasado. El magistrado Carlos Pizarro salvó el voto.
Los magistrados Espino y Tatis también ordenaron que Corprensa divulgue un extracto de esta sentencia, con la misma “relevancia” que tuvieron las publicaciones del diario La Prensa del 21 y 22 de marzo de 2011, tituladas “Pérez B., ligado a dinero procedente de Bahamas” y “Fuentes insisten que fundación movió más de $176 millones”, en las que se informa que Pérez Balladares “podría ser objeto de una segunda investigación penal” por presunto blanqueo de capitales, por “supuestas irregularidades detectadas en una cuenta bancaria en Bahamas”.
El 23 de junio pasado, la juez Decimoquinta de Circuito Civil, Lina Castro de León, rechazó los reclamos del expresidente (que originalmente pedía una indemnización de $5.5 millones), al concluir que aquellas publicaciones que, según el demandante, le habían ocasionado un daño moral, fueron extraídas de la vista fiscal del 28 de febrero de 2011 que elaboró la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, sobre los fondos provenientes de salas de juego que fueron beneficiadas con concesiones durante la administración de Pérez Balladares (1994-1999).
En dicha vista fiscal, el entonces fiscal Marcelino Aguilar solicitó el encausamiento criminal de Pérez Balladares y 11 personas. Eventualmente, por estos hechos, el exmandatario fue favorecido con un sobreseimiento definitivo.
La juez Castro se refirió a la aplicación del estándar de la “real malicia”, es decir, “demostrar que quien se expresó lo hizo con plena intención de causar un daño y conocimiento de que se estaban difundiendo informaciones falsas o con un evidente desprecio por la verdad de los hechos”.
El fallo de los magistrados Espino y Tatis será recurrido por Corprensa, por vía de casación, ante la Corte Suprema de Justicia.
Por este caso, desde el año 2020 hay un secuestro civil (por una concurrencia de hasta $1.13 millones) sobre bienes y cuentas de Corprensa. El Consejo Nacional de Periodismo (CNP) advirtió en aquel momento que el secuestro era señal de un “Estado fallido”, ya que comprometía la labor y circulación de La Prensa y Mi Diario. La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura lo consideró un atentado a la libertad de expresión y el entonces relator por la Libertad de Expresión, de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, aseguró que la medida era desproporcionada, con “impacto en la libertad de prensa”.
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