Un apartamento ubicado en el exclusivo barrio Santa María, valorado en $780 mil; varios vehículos, dinero en efectivo y cuentas bancarias por más de $700 mil, quedaron a órdenes de las autoridades mientras se investiga su vínculo con el narcotráfico y lavado de dinero por los hechos que sustentan la Operación Jericó.
El fiscal superior de Drogas, Joseph Díaz, argumentó ante el juez Mike Zúñiga el nexo de cada una de estas posesiones con los investigados en la operación antidrogas. Lo hizo durante una audiencia que se desarrolló este martes 10 de septiembre en las oficinas del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio (SPA), ubicadas en Plaza Ágora, en la capital.
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Los bienes
Díaz comenzó mencionando algunos bienes ligados a la persona identificada como el cabecilla de la red que presuntamente se dedicaba a traficar droga y blanquear dinero: Jorge Néstor Sánchez Rodríguez, quien se mantiene prófugo.
Varias de las pertenencias con las que se le vincula estaban a nombre de las sociedades Constructora Sánchez Cano y Transportes Sánchez Cano, empresas que, coincidentemente, tienen la misma ubicación del taller mecánico Villagian, empresa que, de acuerdo con el Registro Público, tiene como directora a Annyuri Frank Villareal Lara, otra de las vinculadas a la Operación Jericó.
En la lista están: una camioneta Mercedes Benz, del año 2016, que supuestamente se usó para “actividades ilícitas”, al igual que un apartamento ubicado en el PH Greengarden, en Santa María, corregimiento de Juan Díaz, con un valor de $780 mil. Al momento de adquirir esta propiedad, Sánchez dio un abono de $230 mil.
El apartamento de Greengarden fue una de las propiedades allanadas el pasado 15 de agosto, cuando se ejecutó la fase final de la Operación Jericó. Según el fiscal, allí se desarrollaron reuniones para coordinar el tráfico de droga.
A Gregorio Miller, otro de los vinculados al caso, el fiscal solicitó aprehenderle un carro Honda CRV del año 2009, que, según el Ministerio Público, fue importado desde Estados Unidos por Annyuri Villareal. Este vehículo, de acuerdo con el fiscal Díaz, pasó por el taller Villagian, donde se modificaban carros con doble fondo para el transporte de droga.
El presidente de Villagian S.A. es Edgar Oriel Osigian Rodríguez, esposo de Annyuri Villareal, quien es uno de los indiciados (se sospecha que está ligado al delito) en este proceso.
Precisamente, un bien de Edgar Oriel Osigian Rodríguez también está en la lista de las posesiones que el fiscal pidió cautelar. Se trata de un Ford Edge de 2010, que, de acuerdo con la fiscalía, también fue importado desde Estados Unidos por Autos Said, empresa que más adelante se convirtió en Villagian S.A.
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Edgar Oriel Osigian Rodríguez está condenado a 10 años de prisión por el delito de pandillerismo. El Ministerio Público lo identifica como líder de la pandilla Los Galácticos, que operaba en San Pedro, una zona del corregimiento Juan Díaz, en la capital.
El fiscal también pidió tomar el control de una camioneta Mazda CX5 de 2014 y una Honda Ridgeline de 2017, que están a nombre de su esposa, Annyuri Villareal. Estos dos carros también fueron importados al país por Villagian S.A.
La Prado de Abraham Rico Pineda
La camioneta Toyota Prado del 2022, propiedad de Abraham Rico Pineda Tejada, hijo del diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Raúl Pineda, también quedó en el radar de la fiscalía.
Pineda Tejada es investigado por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales, pues habría ayudado a la organización a ocultar dinero producto de actividades ilícitas. Para ello, habría usado sociedades como Servicios Múltiples Rama, compañía que obtuvo múltiples contratos estatales durante el gobierno del perredista Laurentino Cortizo (2019-2024). Está detenido provisionalmente en una celda de la cárcel La Nueva Joya.
El representante del Ministerio Público también pidió cautelar el carro Kia Sportage de Neryethe Jaén Chérigo, dueña de la boutique Bizcochito Fashion, negocio que también habría sido usado para ocultar dinero producto de actividades vinculadas al tráfico de drogas. Esta mujer es pariente de Juan Chérigo, otro de los cabecillas de la organización, que también se encuentra prófugo.
La fiscalía también solicitó cautelar las siguientes sumas de dinero en efectivo: $1,862 (a Ismael Martínez), $111 (a Bladimir NewBall), $83 (a José Mackenzie) y $1,766 (a Jorge Sánchez).
Las cuentas en la mira
Después de las 10:20 a.m., el fiscal Joseph Díaz comenzó a sustentar las conexiones de las cuentas bancarias con los imputados y los hechos investigados.
Comenzó con Omar Alexander Ortega Robles, presidente de Servicios Múltiples Rama, sociedad que entre 2015 y 2019 estuvo presidida por Abraham Rico Pineda.
Servicios Múltiples Rama S.A. tiene una cuenta bancaria con $1,042 y otra con $207,662.
Mientras que Visionary Concepts, compañía también presidida por Omar Ortega, que logró más de una docena de contratos con el municipio de San Miguelito, mantiene otras dos cuentas bancarias. Una por $138,527 y otra por $360,418.
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Omar Ortega también tenía $2,829 en una cuenta bancaria a nombre de Grupo Mimado. El fiscal también vinculó esta sociedad con Rico Pineda y su esposa Maybel Araúz.
Esta compañía, según el fiscal, canalizó “flujo de dinero ilícito”.
La defensa
En la sala de audiencias estaban los defensores de los mencionados. Cada uno de ellos sustentó las razones por las cuales los bienes y cuentas de sus representados no debían quedar en manos de las autoridades.
Uno de ellos fue Joy Torres, de la firma Morgan y Morgan, quien representó a Mercantil Leasing & Financial Solutions. Pidió que se le otorgara la administración y custodia de la Toyota Prado que el fiscal vincula con Rico Pineda. Después de citar códigos y leyes, sustentó que la compañía era la verdadera dueña del vehículo.
Antes de que Torres interviniera, habló su colega Javier Franco, abogado del hijo del diputado. Solicitó que el carro quedara bajo la custodia de Maybel Araúz, esposa de Pineda, quien, dijo, respetaría la relación que el bien tiene con el leasing bancario.
Sin embargo, el fiscal Díaz contestó que no tenía inconvenientes en que Mercantil Leasing & Financial Solutions administrara el vehículo.
Algo similar a lo que argumentó Torres, sustentó un abogado de la firma Sucre, Arias y Reyes, con el caso de la Kia Sportage, que se relaciona con Neryethe Jaén Chérigo.
Los demás abogados de los acusados coincidieron en que los bienes y cuentas no están vinculados a ilícitos. El defensor de Annyuri Villareal, por ejemplo, solicitó que el Mazda CX5 fuera administrado por Edgar Osigian Villareal, hijo de su defendida, pues necesita transportar a su hermano menor a la escuela.
Además, argumentó que Osigian Villareal está realizando los trámites para afiliar el vehículo a la plataforma de transporte Uber, con el propósito de conseguir dinero para el sustento familiar, ya que su padre, Edgar Osigian Rodríguez, está preso.
Annyuri Villareal tiene arresto domiciliario mientras se le investiga por sus nexos en la Operación Jericó.
Argumentos similares a estos iban y venía. Al final de la tarde, el fiscal Mike Zúñiga solo concedió las peticiones de los representantes de los dos carros que tenían compromisos bancarios (Abraham Rico Pineda y Neryethe Jaén Chérigo).
Los demás bienes quedaron aprehendidos. Ahora están en manos de la Dirección de Bienes Aprehendidos del Ministerio de Economía y Finanzas.
