La juez de garantías Marisol Ortíz decretó la medida cautelar de detención preventiva para uno de los tres implicados en la introducción de 183 mil 202 monedas falsas procedentes de China. A los otros dos implicados se les impuso la medida de notificación periódica.
Durante una audiencia celebrada en la tarde de este domingo 3 de noviembre, en las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio, ubicado en Plaza Ágora, la juez Ortíz imputó cargos a Zhuying Luo, Yanghua Zanhk y Manuel Antonio Chang por el delito de falsificación de monedas en calidad de cómplices secundarios.
La juez dispuso ordenar la detención preventiva para Zhuying Luo por considerar que se mantiene el riesgo de fuga, ya que tiene una tarjeta de residente temporal en la República de Panamá y es la persona que aparece como propietario de la bodega ubicada en Plaza Chilibre, en la que se ubicaron las monedas falsas.
También aseguró que se trata de un delito que pudo ocasionar graves perjuicios a la economía del país, al hacer circular una gran cantidad de dinero falso en el comercio local.
En cuanto a los otros dos imputados, Yanghua Zanhk y Manuel Antonio Chang, tienen impedimento de salida de la provincia de Panamá y deberán cumplir la medida de notificación los lunes y viernes de cada semana.
La investigación desarrollada por la Fiscalía de Delitos contra la Fe Pública estableció que las monedas salieron del área de France Field en la Zona Libre de Colón sin tener la documentación establecida por las autoridades aduaneras.
Las investigaciones han revelado que el imputado Zhuying Luo es la persona que mantenía un contrato con una empresa en China para la importación de materiales diversos y que la mercancía llegó en un contenedor a la Zona Libre de Colón y luego fue colocada en un camión que la transportó hasta el depósito en Chilibre.
Rafael Urriola, abogado de Luo, alegó que su cliente desconocía el contenido de las 325 cajas en donde fueron halladas las monedas y que este solo recibió la mercancía.
También argumentó que su cliente solo actuaba como un intermediario que recibía la mercancía, la guardaba en su depósito y luego la entregaba a sus destinatarios.
De acuerdo con el abogado, en este caso la fiscalía pudo establecer quiénes eran los destinatarios finales de las monedas, ya que las cajas en donde fueron encontradas tenían los números de teléfono y el nombre de las personas que las debían recibir.
La juez Ortíz concedió a la fiscalía un término de seis meses para concluir las investigaciones.
