Los familiares de 15 víctimas de la dictadura militar empezaron a ser indemnizados por las atrocidades cometidas entre 1968 y 1989, el pasado 4 de julio, cuando se informó que la Contraloría General de la República había refrendado el primero de tres pagos provenientes del tesoro nacional, por la suma de 3 millones 674 mil 803 dólares con 61 centavos.
Este es el abono de una indemnización total de 11 millones 24 mil 410 dólares con 83 centavos.
Las indemnizaciones son el resultado tangible de un larguísimo proceso de reclamación iniciado en octubre de 2003, por el Comité de Familiares Asesinados y Desaparecidos de Panamá, Héctor Gallego (Cofadepa-HG) y por el Comité de Familiares de Desaparecidos de Chiriquí (Cofadechi).
En el mes de junio de 2019, luego de casi 16 años de gestiones y diligencias, el Estado panameño manifestó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que había llegado a un acuerdo con el primer grupo de familiares de víctimas, las 15 de Chiriquí.
De acuerdo con lo informado a la CIDH, el gobierno de Panamá seguía negociando con otro grupo de víctimas.
El cálculo más completo de víctimas de la dictadura militar, entre el 11 de octubre de 1968 y el 20 de diciembre de 1989, es de 109 personas asesinadas o desaparecidas por agentes del Estado panameño. Prácticamente, el esfuerzo de investigación de lo sucedido con estas víctimas ha quedado en manos de sus familiares y de la sociedad civil.
Las víctimas de la invasión
En lo referente a las víctimas de la invasión estadounidense del 20 de diciembre de 1989, no existen cifras oficiales. Lo más cercano, que es el resultado del trabajo de la Comisión del 20 de Diciembre, ha podido determinar con nombre y apellido a 350 víctimas panameñas de la acción militar.
El acucioso trabajo de exhumar y examinar los restos ubicados en fosas comunes en el Jardín de Paz está lejos de concluir, por lo que no se ha podido conocer a cabalidad la identidad de todas las personas enterradas en estas fosas comunes.
En una determinación de la CIDH, en noviembre de 2018, se reconoció la responsabilidad de Estados Unidos como causante de los fallecimientos, y la obligación de indemnizar a los sobrevivientes y familiares. Esta reclamación fue liderada por activistas de la sociedad civil, en especial la abogada panameña de derechos humanos Edilma Camargo.
En el informe de la CIDH sobre este tema se identificaron a 315 víctimas con nombre y apellido, una cantidad menor que aquella indicada por la Comisión del 20 de Diciembre. En la época posterior a la invasión, el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos había informado que el total de víctimas era 314 militares panameños y 202 civiles.
Un Estado indiferente
La ciudadanía panameña ignora todo lo relativo a los nombres y vidas truncadas de todas estas víctimas.
En el país no hay monumento de la magnitud correspondiente a estos crímenes o alguna obra que los rememore. Tampoco forman parte del currículo oficial de la educación panameña.
El mero hecho de que ambos procesos tomaran décadas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos significa que el Estado panameño no cooperó. En lo que podría haber dejado una gran diferencia, el Estado les negó el derecho a la verdad y a que se supiera su historia.
No existe una explicación razonable por la cual en los censos de 1990, 2000 y 2010 se perdiera la oportunidad de documentar tanto a víctimas de la dictadura como a víctimas de la invasión.
En el censo sin fecha fija, que debió realizarse en el año 2020 y que está pendiente de su ejecución, había una obligación legal de preguntar por las víctimas de la invasión, según lo estableció la Ley 291 de 31 de marzo de este año. Aunque era un pequeño gesto, representaba un paso muy importante.
Luego, la Ley 306 del 1 de junio eliminó esa obligación, es decir que el Estado panameño renunció a su deber hacia las víctimas anónimas y sus familiares. Al Estado y a la élite política que lo domina no les interesa conocer la verdad, ni mucho menos que la conozca toda la población del país.
El silencio es una forma de mentira que nos convierte en víctimas a todos los panameños de esta generación y a todas las generaciones futuras. Lo que ellos quieren es el olvido y lo que más necesita este país es la memoria.
