A partir de febrero de 2023, entrará a regir la Ley 348 del 24 de noviembre de 2022, que le permite a las personas privadas de libertad el uso de videollamadas para poder comunicarse con sus abogados.
La nueva norma, que modifica Ley 55 del 2003, que reorganiza el Sistema Penitenciario, reconoce que los privados de libertad tienen el derecho a ser visitados por sus defensores, pero en los casos en que sea imposible la visita presencial, la Dirección General habilitará los medios tecnológicos necesarios para garantizar que esta comunicación se realice.
“En todos los casos, dicha comunicación se realizará de forma confidencial, sin interferencia o censura y sin dilaciones o límites injustificados de tiempo”, dice la norma.
Esta ley, publicada en la Gaceta Oficial el 24 de noviembre, empezará a regir a los dos meses de su promulgación.
Esta propuesta surgió como una iniciativa de Berta Moreno, suplente del diputado perredista Néstor Guardia Jaén. En su momento, Moreno indicó que la propuesta era un problema de derechos humanos que había que remediar y el cual quedó a flote en el periodo de la pandemia de la covid-19, cuando los privados de libertad prácticamente quedaron incomunicados.
Temen infiltración
Para el abogado penalista Carlos Herrera Morán, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Nacional de Abogados, esta modificación podría ser una espada de doble filo.
Explicó que es bueno que se utilice la tecnología, siempre y cuando se establezca para temas de causa mayor, por ejemplo, la pandemia de la covid-19.
A su juicio, no hay una garantía de que los sistemas de videollamada no sean “infiltrados”. “Todas las comunicaciones pueden intervernirse. Ya ha habido caso de pinchazos en el país”, dijo.
Contó que los reos no quieren usar la tecnología para hablar con sus defensores. Herrera planteó que la norma no especifica quién decide que no se puede llevar a cabo la visita presencial y, por ende, hay que hacer la videollamada. Además, denunció que las salas de audiencia de los centros penitenciarios La Joya y La Joyita están en precarias condiciones.
Al igual que Herrera Morán, el presidente del Colegio Nacional de Abogados , Juan Carlos Araúz, hizo hincapié en la importancia de la protección a la privacidad y confidencialidad de las comunicaciones de los abogados y sus clientes. Asimismo, señaló que los centros deben contar con los recursos económicos necesarios para que todos los privados tengan acceso a dicho servicio, mantenimiento y licencias de las plataformas.
“Son opciones que luego de las restricciones de movilidad en medio de la pandemia demuestran que son herramientas que ayudan al Estado a cumplir sus obligaciones para con los privados de libertad”, acotó.
Hasta octubre de este año, según datos del Ministerio de Gobierno, había 21 mil 523 privados repartidos en las 21 cárceles del país, de los cuales 13 mil 935 estaban condenados y 7 mil 588 procesados.|
