Los indicios recogidos por la Fiscalía Anticorrupción en la investigación por la pérdida de 600 vigas de 45 pies de largo y con un peso de 2,854 libras cada una del patio del Ministerio de Obras Públicas (MOP) apuntan a que el plan se fraguó desde abril de 2024.
Esta información se desprende de la declaración de Roy Aldo Obando, imputado el pasado 22 de septiembre en este proceso, quien afirmó haber escuchado una conversación entre el exrepresentante de Veracruz, Ronald González, y funcionarios del MOP sobre las vigas.
González solicitó al MOP unas 60 vigas como donación para la junta Comunal de Veracruz, alegando que serían utilizadas en la construcción de un puente en la comunidad de La Represa, obra que nunca se ejecutó.
Según la fiscalía, esa solicitud permitió a González, en asociación con otras personas, sustraer las vigas del patio del MOP y revenderlas a recicladoras como Recimental, donde se hallaron 54 vigas, y Advanced Recycling Company, donde se encontraron otras 40.
La fiscalía también estableció la trazabilidad de los pagos hechos por las empresas recicladoras a terceras personas vinculadas al ilícito. Según la información bancaria, una recicladora pagó $38,050 y la otra $13,704 por las vigas. Además, una de las administradoras de las recicladoras declaró que Ronald González fue quien la contactó para ofrecerle en venta tubos de metal y vigas.
Ayer, el juez de garantías Erick Méndez imputó cargos por la presunta comisión del delito de peculado agravado y ordenó la detención preventiva del exrepresentante Ronald González y del exfuncionario de la Caja de Seguro Social, Víctor Pittí.
Este último figura como la persona que prestó sus cuentas bancarias para recibir múltiples depósitos relacionados con la venta de las vigas.
El juez Méndez justificó su decisión debido a la gravedad del delito y al significativo daño causado a la comunidad por la sustracción de las vigas, señalando la responsabilidad de ambos imputados, quienes, como servidores públicos, debían haber garantizado la custodia efectiva de los bienes del Estado.
Además, Méndez ordenó que ambos sean evaluados por un médico del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), tras la revelación de sus abogados de que ambos padecen hipertensión y requieren medicación diaria.
Aníbal García, abogado de González, afirmó que su cliente sufre de gastritis y crisis hipertensivas, y que el sistema penitenciario no cuenta con las condiciones adecuadas para su atención. Por su parte, Carlos Herrera Delegado, defensor de Pittí, solicitó también la evaluación médica por la condición hipertensiva de su cliente.
Ambos abogados pidieron al juez Méndez que se les concediera a sus clientes una medida cautelar distinta a la detención preventiva.
Coincidieron en que, aunque la fiscalía tiene indicios de la comisión de un delito grave, no ha logrado establecer la vinculación directa de sus defendidos, por lo que apelaron la detención preventiva ordenada por el juez.
Durante una audiencia que comenzó a las 9:00 a.m. de ayer, viernes 27 de septiembre, en las oficinas judiciales de Panamá Oeste, las fiscales anticorrupción Anilú Batista y Adela Cedeño revelaron que los imputados participaron activamente en la sustracción y venta de las vigas del MOP, las cuales originalmente estaban destinadas a la reparación del puente de Las Américas.
A la denuncia interpuesta por el MOP el pasado 5 de septiembre por la pérdida de las vigas, se sumó otra contra el exministro Rafael Sabonge, acusado de omisión de sus deberes como servidor público, acumulándose ambos casos.
Sabonge, en su defensa, afirmó desconocer lo sucedido con las vigas, argumentando que se trataban de material de descarte de un proyecto de 2010. Las fiscales anticorrupción también señalaron que aún falta detener a varias personas implicadas en el ilícito y que en los próximos días se realizarán nuevas diligencias para su captura.
