Un informe de la Defensoría del Pueblo sobre la situación de violencia contra la mujer ha hecho saltar las alarmas al calificar el problema como una “epidemia de dimensiones catastróficas”, que no solo impacta el núcleo familiar que la padece, sino que afecta a toda a sociedad.
El documento resalta que para abordar integralmente la problemática es obligatorio articular espacios de diálogo, de colaboración y concertación “con el fin de proponer acciones conjuntas y proyectos eficaces que nos acerquen a soluciones posibles y reales, ante este mal, que lamentablemente se incrementa dentro de nuestra sociedad”.
Cifras estadísticas del Ministerio Público (MP) revelan un sostenido aumento de los casos de femicidio, violencia doméstica y delitos contra la libertad e integridad sexual en perjuicio de mujeres y niñas.
En el caso de los femicidios la cifras precisan que hasta octubre del 2022 se habían registrado 19 y otros 15 casos de tentativa de femicidio. Mientras que en el 2021 fueron asesinadas 17 mujeres y otras 12 sufrieron atentados que pusieron en riesgo su vida.
Sin embargo, el año más letal para las mujeres resultó ser 2020 cuando hubo 20 femicidios y otros tres intentos de asesinatos contra mujeres por parte de sus cónyuges o parejas sentimentales.
Las mujeres también son víctimas de delitos contra el orden y la libertad sexual de los que hasta octubre de este año se habían registrado 5,144 en comparación con los 4,990 del 2021, en estos casos el 80 por ciento de las víctimas son mujeres.
Mientras que en el caso específico de las violaciones hasta octubre se habían dado 2,091 casos y el año pasado se habían registrado 2021 casos, en estos casos el 90% de las víctimas son mujeres menores de edad.
El defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, propuso reactivar el Observatorio Panameño contra la Violencia de Género, que es un organismo interinstitucional, compuesto por 14 organizaciones del Estado y 10 organizaciones no gubernamentales de mujeres.
Privados de libertad, hacinados
El informe de la Defensoría del Pueblo también hace duras críticas a la situación en la que viven los 21 mil 308 privados de libertad en las cárceles del país.
De acuerdo con la Defensoría la política penitenciaria del Estado panameño evidencia una clara tendencia a la vulneración de los derechos humanos, especialmente por la sobrepoblación, que ronda el 38% de la capacidad del sistema. La infraestructura construida, según el documento, es insuficiente y los recursos asignados no cubren las necesidades básicas como agua potable, servicios de salud, comida de calidad y programas de resocialización.
También recalca que la necesidad de una política clara y campañas para lograr la reinserción de los privados de libertad..
De igual manera, es necesario garantizar la supervisión efectiva de las políticas estatales encaminadas a la reducción de riesgos de torturas o malos tratos hacia las personas que se encuentran en centros bajo la custodia del Estado.
A la vez insta a la realización de un censo penitenciario, a fin de tener información sobre el estatus de los detenidos. Por ejemplo, conocer en qué fase de su condena se encuentran.
Cifras de la Dirección de Sistema Penitenciario del Ministerio de Gobierno revelan que hasta octubre pasado las cárceles del país albergaban a 21 mil 308 presos, pero el sistema está diseñado para acoger a 14 mil 591. Lo que indica que en este momento hay una sobrepoblación de 6 mil 717 internos.
De los 21 mil 308 presos, 13 mil 786 están condenados (65%) y 7 mil 522 esperan sentencia (35%).
En abril de 2014 se estrenó La Nueva Joya, cárcel que costó $157 millones. Es un recinto de máxima y mediana seguridad que alberga a reos que cumplen condenas. Fue edificada en un área de 35 hectáreas, con el propósito de aliviar el hacinamiento de las cárceles La Joya y La Joyita. Tiene una capacidad para alojar a 5 mil 504 personas y, por el momento, cuenta con 3 mil 133 internos.
Pero parte del problema está en La Joya y La Joyita, donde por estos días hay 4 mil 671 presos, con una sobrepoblación en conjunto de mil 411 internos. La Joya, construida en 1972, tiene capacidad para mil 568 personas. Mientras que La Joyita, que empezó a operar en 1996, tiene capacidad para recibir a 2 mil presos.
Los hechos de violencia a causa del control que algunas pandillas ejercen sobre los pabellones de La Joya y La Joyita son situaciones de curso regular.
El más grave de ellos se registró el 17 de diciembre de 2019, tras un enfrentamiento con armas de fuego entre facciones de la pandilla Calor Calor, que mantenían diferencias por cargamentos de drogas. El saldo total fueron 13 muertos.
Tan solo la semana pasada dos internos resultaron heridos durante un enfrentamiento a tiros registrado en la Nueva Joya el pasado 11 noviembre.
Fuentes policiales detallaron que el incidente se registró en horas del mediodía tras la reubicación de algunos miembros de la pandilla San 23 hacia al sector B de la Nueva Joya, que está ocupada por miembros de la pandilla Calor Calor.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Nacional de Abogados, Carlos Herrera Morán, dijo que existen muchos internos que no reciben atención médica adecuada y a tiempo. Además, que no tienen acceso a medicamentos y tratamiento.
Morán aseguró que las condiciones de hacinamiento que se registra en algunos penales es muy preocupante, ya que todo esto propicia constantes violaciones a los derechos humanos de los privados de libertad.
Mañana sábado 10 de diciembre Naciones Unidas celebra el Día de los Derechos Humanos con el lema “Dignidad, libertad y justicia para todos y todas”.
