Un informe sobre la situación de los derechos humanos en Panamá, elaborado por la Defensoría del Pueblo, reveló que en 2024 cuatro mil niñas y adolescentes entre 15 y 17 años en edad escolar se convirtieron en madres. Asimismo, destacó que una significativa cantidad de estudiantes enfrenta acoso, incluso promovido por docentes en algunos casos.
El documento, titulado Situación de los derechos humanos en Panamá, también detalla la existencia de numerosos menores víctimas de violencia sexual, especialmente jóvenes que intentan cruzar la selva del Darién, donde son sometidos a violaciones y malos tratos. Además, señala que tanto mujeres como niños sufren violencia en sus hogares, evidenciada en los casos de femicidio, donde las víctimas han sido asesinadas por sus parejas.
En materia educativa, el informe subraya que el 80% de los planteles requiere reparaciones estructurales urgentes, mientras que un alto porcentaje carece de acceso al agua potable y de suficientes docentes, lo que pone en riesgo el derecho a la educación de la población en edad escolar.
La situación es especialmente grave en los centros educativos del interior del país y en las comarcas indígenas, donde se carece de infraestructura adecuada, equipos y personal docente.
Otra problemática identificada como una grave violación a los derechos humanos es la falta de acceso al agua potable, tanto en áreas urbanas como rurales. El informe destaca que esta carencia se agrava por la contaminación de los cuerpos de agua con agroquímicos utilizados en zonas rurales e industriales, donde no se aplican controles efectivos para garantizar su pureza.
A esta contaminación se suma el mal manejo de los vertederos en todo el país, que no solo afecta las fuentes de agua, sino también el aire y el medio ambiente en general.
En relación con las personas privadas de libertad, el informe de la Defensoría del Pueblo señala una extrema sobrepoblación en los centros penitenciarios, donde las personas con enfermedades crónicas viven en condiciones de hacinamiento. Además, detalla que en términos generales los reclusos no reciben atención médica ni legal en tiempo oportuno, lo que representa una grave vulneración de sus derechos fundamentales.
